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JUFED advierte que aplazar elección judicial a 2028 reconoce fallas y genera incertidumbre
Nación
Claudia Bolaños
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito advirtió que el aplazamiento de la elección judicial a 2028 representa un reconocimiento del fracaso operativo del modelo planteado originalmente, además de generar una nueva etapa de incertidumbre constitucional en el país.
Tras el anuncio de la iniciativa del Ejecutivo federal para posponer la elección prevista en 2027, la organización señaló que trasladar el proceso un año no resuelve los problemas estructurales del sistema, sino que únicamente difiere un escenario que, a su juicio, podría provocar el colapso de la impartición de justicia.
“El aplazamiento equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo”, sostuvo la asociación, al insistir en que la reforma carece de criterios claros de funcionalidad.
La JUFED también cuestionó las modificaciones planteadas, como la reducción en el número de candidaturas y la simplificación de boletas, al considerar que son medidas insuficientes que no eliminan riesgos como la influencia partidista en la elección de juzgadores ni garantizan perfiles con preparación técnica adecuada.
Asimismo, criticó la creación de una comisión coordinadora para homologar criterios de evaluación, al señalar que ello evidencia fallas en los mecanismos implementados previamente para la selección de aspirantes.
La organización advirtió que estos cambios generan una “zona de incertidumbre jurídica” que podría incrementar la litigiosidad y afectar la certeza para la ciudadanía en el acceso a la justicia.
En ese sentido, planteó que, en caso de llevarse a cabo una elección judicial, esta debería limitarse únicamente a cubrir vacantes reales derivadas de renuncias, jubilaciones o fallecimientos, con el fin de evitar una desarticulación del Poder Judicial.
También solicitó que se permita la salida voluntaria de jueces y magistrados que deseen retirarse, garantizando el pago inmediato de sus prestaciones, al denunciar que existe presión institucional que ha derivado en renuncias anticipadas.
La JUFED señaló que el cese masivo de juzgadores en activo para cumplir con un calendario electoral implicaría una afectación a la profesionalización del sistema judicial y vulneraría derechos laborales.
Finalmente, cuestionó la propuesta de capacitación obligatoria al considerar que el Poder Judicial ya contaba con un sistema sólido de formación, y advirtió que resulta contradictorio exigir mayores requisitos a personal con experiencia, mientras se abre la posibilidad de incorporar perfiles sin trayectoria mediante el voto popular.
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OC/CR
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