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La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal critica el proyecto del ministro Laynez en la Suprema Corte
Nación
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJ) emitió un comunicado destacando las preocupaciones sobre el ministro Javier Laynez Potisek, quien presuntamente busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifique criterios para favorecer a la oposición y anular el plan B electoral.
En el comunicado, el organismo jurídico expuso la postura del Ejecutivo federal con respecto al proyecto presentado por el ministro instructor, el cual propone la invalidez de la segunda parte de la reforma electoral aprobada recientemente por el Congreso de la Unión.
La CJ enfatizó que, si los ministros respaldaran el proyecto de Laynez, la Corte se convertiría en una especie de juez, ya que el planteamiento del ministro involucra circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos.
"En su proyecto de sentencia, el ministro Laynez Potisek busca incluir un hecho no invocado por la oposición para invalidar el plan B electoral, lo cual socavaría el principio de imparcialidad que debe regir en cualquier órgano jurisdiccional, según lo establece expresamente el artículo 17 de la Constitución", argumentó la CJ en su comunicado.
Además, la CJ señaló que el planteamiento de Laynez Potisek consiste en declarar la invalidez total del decreto impugnado sin realizar un análisis exhaustivo de las normas cuestionadas, lo cual retrasaría injustificadamente la necesaria transformación del sistema electoral mexicano.
La CJ recordó que durante una sesión plenaria de la SCJN el 8 de mayo pasado, el propio ministro Laynez defendió la imposibilidad de exigir al Congreso de la Unión una fundamentación o motivación precisa para la dispensa del trámite ordinario, al afirmar: "...no podemos juzgar los méritos que la Cámara tenga para la urgente y obvia decisión". No obstante, la Consejería Jurídica resaltó que el ministro ha cambiado de criterio sin exponer ninguna razón al respecto.
“El ministro instructor refiere en su proyecto que hubo una confusión que impidió a los diputados de las minorías saber qué propuesta se estaba discutiendo. La confusión que atribuye a la oposición es una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Que los diputados de oposición no hayan puesto la debida atención a la publicación de la iniciativa y a la conducción de la mesa directiva a cargo del diputado Santiago Creel Miranda, no es razón suficiente para invalidar una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la Unión”, dijo la oficina del Ejecutivo.
Para finalizar, puntualizó que “se estaría transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias, y renunciaría a su papel de revisor constitucional de las normas, ya que nuevamente se rehusaría a estudiar el fondo del asunto, lo que implicaría anular la voluntad de la mayoría de la población que otorgó un mandato constitucional al Poder Legislativo para transformar el actual régimen electoral en beneficio del pueblo de México”.
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MM/CR
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