Los profesionales

Parecería una obviedad señalar que, los pasados 100 años, a partir de la conformación del Estado posrevolucionario, en México siempre han mandado los políticos profesionales. Pero no lo es tanto cuando se toma en cuenta la influencia que han tenido otros actores que, aunque hacen política, esta no es su actividad principal, como el ejército, los oligarcas (que sí existen), el crimen organizado, etcétera. Para ellos, la política es una actividad indispensable pero tangencial, un fin para conservar privilegios estamentarios, monopolios, pactos de impunidad o una mezcla de todo eso.

Además, de forma más sutil, también han hecho política los burócratas profesionales, que de ninguna manera se identifican con los políticos, y aunque a veces muten unos en otros, ni su cosmovisión ni sus incentivos suelen ser los mismos. Los técnicos del gobierno, al menos para que les abran la puerta, tienen que generar un valor de legitimidad científica que vista con algo de decencia las decisiones y la retórica de los políticos, porque muchas de ellas provienen del arreglo transaccional, la improvisación urgente o, peor, de dogmas ideológicos a los que siempre les queda chica la realidad (tan inconveniente) y los seres humanos de verdad (tan humanos).

Lo interesante es que según los tiempos, el perfil de estos técnicos va cambiando. En épocas de consolidación institucional, son los abogados los que suelen ocupar espacios estratégicos, porque son necesarias las leyes para materializar y dotar de cierta permanencia las decisiones políticas, y además para dar una ilusión de inamovilidad a los acuerdos o privilegios que algún estamento (campesinos, obreros, maestros) ha conquistado con el régimen político en turno. En México esto ocurrió hasta los años setenta, cuando la irrupción de varias crisis económicas catastróficas dio paso al gremio de los economistas. Es a ellos a los que suele darse el mote de “tecnócratas” en la historia política de México, pero también lo eran los abogados, los administradores, los diplomáticos y todos aquellos cuya formación los hace, por acto reflejo, meter la actividad política (por naturaleza contingente, escurridiza, amoral) en moldes más o menos neutrales y respetables.

El gobierno de los economistas y expertos en dejar de gastar, pedir prestado y garantizar los préstamos (que de eso se trató el cambio de modelo, al final), duró hasta que la inflación y las devaluaciones cotidianas dieron paso a una estabilidad relativa; asimétrica, gandalla, mediocre o como se quiera, pero estabilidad al fin y al cabo. Entonces se volvió importante ver qué hacíamos con la falta de democracia, la alternancia partidista y esas cosas que se habían dejado para mejor ocasión cuando no había Estado o cuando no había dinero. La transición democrática no tuvo como base a un solo gremio, sino una visión común de quien iba a democratizar al país. Las malas lenguas dicen que fueron personas, de todas las edades y profesiones, que concebían el gobierno como una empresa grandota e ineficiente, a la que había que convertir en una especie de compañía de servicios baratos, rentable y pequeña; y estaban convencidos también de que gobernar era nutrir hojas de cálculo y compartirlas entre ellos. Pero eso lo dicen las malas lenguas.

Lo malo es que las transiciones democráticas, más o menos exitosas, suelen prometer de más y por eso decepcionar a quienes les atribuyen propiedades mágicas, de cambio total. De ahí se pasa al descontento generalizado con lo que hay, aunque exista y aunque medio funcione. Es la naturaleza del pensamiento moderno, normalizar los avances (si los hay) y subrayar las carencias (o deudas históricas, o injusticias, como se quiera llamarles). Entonces surgen los ideólogos como sello de la nueva clase política, que un poco por evidencia y otro poco por resentimiento, abominan las prácticas de sus predecesores, y no solo sus ideas. Así que a la basura las cifras, indicadores, mapas conceptuales y todo lo que tenga tufo escolar y académico. Pero cuando los eslogans se vuelven tan poderosos como para convencer a la mayoría de que la ruta es la de la sola voluntad de quien manda, y la realidad, terca, sigue como estaba, entonces otra vez se vuelve necesario que los abogados abroguen leyes, elaboren otras, nuevas o idénticas pero con otro nombre, y se metan cosas a la Constitución, porque así ya es seguro que el país se vuelva otro, por decreto. Más o menos ahí estamos, creo.