Marchar, protestar y luchar en defensa del INE

Columnas miércoles 16 de noviembre de 2022 -

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM

Las protestas del domingo pasado en las que la sociedad civil exigió que no se toque al Instituto Nacional Electoral (INE) me hizo recordar lo que ocurrió hace 11 años con la denominada Primavera árabe cuando los movimientos sociales en Medio Oriente y el norte de África desafiaron a los gobiernos autoritarios represivos de la región.

En Túnez, a finales de 2010, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, se prendió fuego en protesta porque algunos policías le arrebataron su mercancía y sus ahorros, lo que originó una serie de movilizaciones que concluirían con la dimisión del dictador Zine el Abidine Ben Ali, que gobernaba el país desde 1987. En Egipto cayó Hosni Mubarak –quien llevaba más de 30 años en el poder–, mientras que en Libia los rebeldes tomaron el control y capturaron y ejecutaron al dictador Muamar el Gadafi, que había cumplido 42 años de gobernar el país con mano de hierro.

Lo que llamó poderosamente la atención, es que los protagonistas de esas manifestaciones no fueron los sectores con mayor instrucción escolar o que disponían de más recursos, sino que se trataba de grupos de la clase media, hartos de los abusos, que además exigieron libertades democráticas y cambios políticos, económicos y sociales.

Por ello, es importante preguntarnos ¿qué debe hacer el gobierno federal ante las protestas del domingo pasado en la Ciudad de México y varias entidades del país? Ignorar estos movimientos de la sociedad civil –que rechazan por regresiva la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador–, o sentarse a dialogar con los dirigentes, para llegar a un acuerdo que evite la desaparición –algunos la consideran destrucción– del Instituto Nacional Electoral (INE).

No hay que olvidar la importantísima participación que ha tenido la sociedad civil en la obtención de la democracia electoral en nuestro país. Le guste o no a los gobernantes, los ciudadanos –principalmente las clases medias denostadas como aspiracionistas, rateras, racistas, hipócritas y fifís, se han vuelto un contrapeso del Estado y vigilan el papel de la autoridad en nuestro país.

Por ello, me pregunto ¿qué necesitamos en México en materia electoral? La propuesta del ejecutivo propone menos instituciones e intermediarios y un solo mando. Además, pretende que la elaboración y actualización del padrón electoral regrese a manos del gobierno.

La mayoría de los mexicanos sabemos los riesgos que enfrentaríamos si el país cae en el autoritarismo; regresaríamos a la época en la que el partido en el gobierno no tendría que lidiar con un organismo autónomo y con otras fuerzas políticas.

No hay que olvidar que en los años 90 se hicieron importantes reformas en materia electoral en las que se impusieron topes de campaña, se estableció la figura de Consejeros Ciudadanos y se confirmó la independencia y autonomía del instituto con relación al Poder Ejecutivo, lo que contribuyó a garantizar elecciones democráticas.

Lo anterior permitió en el año 2000 –con la elección de Vicente Fox como presidente–, terminar con 75 años de regímenes priistas; se dijo que habían llegado a su fin los fraudes electorales y la represión política y social.

Los mismos legisladores de Morena han reconocido que es preciso entablar un diálogo con las fuerzas políticas y sociales del país y han hecho un llamado a reflexionar serenamente sobre las expresiones vertidas por la sociedad civil durante las manifestaciones del domingo pasado en todo el país, para que no se toque al INE.

Los mexicanos sí queremos instituciones y partidos que cuesten menos, pero no aceptaremos que el control de las elecciones vuelva a manos del gobierno.

Analistas políticos refieren que, para la sociedad, la democratización de las autoridades electorales y de los medios masivos de comunicación, permitió conocer a fondo las plataformas políticas de los partidos, lo que favoreció el desarrollo de sus preferencias electorales.

Sin duda todas las leyes son perfectibles y mal haríamos en oponernos a la modernización de las instituciones, pero tampoco hay que obstinarse –como parece ser la ambición del Ejecutivo y sus subalternos–, de devastar política y financieramente al INE, un organismo que ha recibido reconocimiento de gobiernos extranjeros, surgidos de procesos democráticos, como los que ha logrado cimentar nuestra institución electoral.

El INE es orgullo de la gran mayoría de los mexicanos y su defensa frente a las intentonas arbitrarias, precisamente motivó esta multitudinaria marcha que algunos estiman superó los 200 mil asistentes, aunque desde las altas esferas del poder hayan tratado de demeritar este número, situándolo ridículamente en no más de 12 mil participantes.

Insisto: la búsqueda del perfeccionamiento de cualquier instancia que rija nuestro desarrollo como sociedad, no sólo es bienvenida, sino necesaria y debe aquilatarse cualquier esfuerzo en este sentido.

Lo que no podemos aceptar –y por ello debemos marchar, protestar y luchar contra ellas las veces que sea necesario–, son las medidas regresivas y autoritarias –disfrazadas de supuesta transparencia en los procesos electorales y reducción de costos–, que podrían poner en riesgo nuestra incipiente democracia y afectarían nuestros derechos políticos y sociales.

Exdiputada federal, asesora de la AC Impulsa y colaboradora del STUNAM