Claudia Bolaños
México superó por primera vez la cifra de 100 mil personas privadas de la libertad sin una sentencia firme, de acuerdo con datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria, citados por el colectivo “No Más Presos Inocentes”.
Según la organización, 102 mil 053 personas permanecen en prisión preventiva, lo que representa 40.4 por ciento de la población penitenciaria total del país. Es decir, cuatro de cada 10 personas recluidas esperan una resolución judicial mientras permanecen privadas de su libertad.
El colectivo señaló que esta situación refleja un uso excesivo de la prisión preventiva, particularmente tras la ampliación del catálogo de delitos que contemplan esta medida de manera automática, lo que, advirtió, afecta el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.
La organización recordó casos como el de Daniel García y Reyes Alpízar, quienes permanecieron 17 años en prisión preventiva por una acusación de homicidio y posteriormente fueron absueltos. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó responsabilidad del Estado mexicano por el uso arbitrario de esta figura.
“No Más Presos Inocentes” aseguró que, pese a resoluciones internacionales, persisten casos en los que las personas enfrentan procesos prolongados con señalamientos de fabricación de pruebas, tortura y deficiencias en las investigaciones.
Entre los casos actuales mencionó el de Víctor Hugo Romero Domínguez, imputado por feminicidio dentro de la causa penal 15/2026 en el penal de Chiconautla, Ecatepec. Su familia sostiene que durante su detención existieron irregularidades y presuntas violaciones al debido proceso.
De acuerdo con la versión del colectivo, Romero habría sido incomunicado y trasladado durante cinco días por distintas fiscalías después de su detención en enero de 2025, además de que presuntamente se integraron otras carpetas de investigación para prolongar su retención.
La defensa del acusado señaló inconsistencias en los peritajes del caso y afirmó que una primera necropsia determinó como causa de muerte el suicidio, mientras que una segunda modificó la conclusión a feminicidio.
El colectivo atribuyó parte de esta problemática a la presión institucional por obtener resultados rápidos en materia de seguridad y justicia, lo que, afirmó, puede derivar en investigaciones deficientes.
Asimismo, citó datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI, según los cuales una proporción importante de personas detenidas reportó haber sufrido violencia física o psicológica durante su arresto, mientras que muchas dependen de defensores públicos con cargas excesivas de trabajo.