La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por mayoría de votos, ha emitido una orden para que Morena cancele sus asambleas públicas de aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, y en su lugar, las realice en espacios cerrados, preferentemente en sedes del partido. Además, se instruye a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña para que, una vez notificados, sus "asambleas informativas no contengan elementos proselitistas" y se dirijan únicamente a la militancia.
La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, propuso ir más allá y prohibir estos eventos, considerándolos proselitistas, ya que de lo contrario se estaría ignorando una posible violación al principio de equidad de cara a las elecciones de 2024. Zavala destacó que simplemente "modular" las acciones no es suficiente, ya que las precampañas comienzan hasta noviembre y "solo matizarlos nos llevaría al mismo resultado".
Zavala afirmó: " Hoy tenemos documentados los actos proselitistas cuya finalidad es posicionar a Morena y a las seis personas que públicamente han sostenido su aspiración de la candidatura presidencial". Recordó que la protección al principio de equidad se deriva de irregularidades ocurridas en la elección de 2006 y señaló que la UTC (Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral) ya ha emitido medidas de apremio que no han sido acatadas, planteando la pregunta: ¿La ley no importa? Yo no concibo que sigamos permitiendo estos actos".
Por su parte, los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura señalaron que el proyecto elaborado por la UTC cumple con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que el análisis de fondo sobre posibles actos anticipados de precampaña y campaña corresponderá a la Sala Especializada del mismo Tribunal.
López propuso una modificación al proyecto para precisar las características de los eventos y exigir a Morena que revise previamente los discursos de los aspirantes. Montaño propuso matizar el tercer punto resolutivo del proyecto, evitando elementos que configuren actos proselitistas.
En conclusión, la Comisión de Quejas subrayó que su tarea es dictar la procedencia de las medidas cautelares y no sancionar, y que corresponderá al TEPJF determinar las acciones legales adecuadas tras las impugnaciones que puedan presentarse. La sorpresa surgió al observar que el proyecto original de la UTC avalaba la suspensión total de los eventos, pero ahora se limita a recomendar el cumplimiento de la ley electoral, aplicando medidas cautelares preventivas en lugar de suspender eventos posteriores.