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Senadores de oposición denuncian presiones por parte de fiscalías estatales en torno a la reforma judicial
Nación
En el contexto del inicio del debate en el Senado sobre la reforma al Poder Judicial, legisladores de oposición acusaron presuntas presiones de fiscalías estatales, las cuales estarían buscando influir en su voto a favor del dictamen que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Estas denuncias han generado preocupación entre los senadores, quienes afirman que dichas acciones pretenden doblegar su postura crítica hacia la reforma.
Desde Querétaro, Marko Cortés, líder nacional del PAN y senador plurinominal, hizo un llamado al gobierno federal para que "cese el uso de las fiscalías" como herramienta de presión política. Según Cortés, varios senadores del PAN han sido blanco de investigaciones judiciales y amenazas dirigidas tanto a ellos como a sus familiares, con el objetivo de forzar su apoyo a la reforma.
"Exijo al gobierno federal y a Morena que dejen de utilizar las fiscalías para presionar a los senadores de oposición. Están intentando sobornarlos y chantajearlos para que aprueben esta reforma", expresó Cortés a través de redes sociales. También subrayó que la falta de una mayoría calificada en el Senado refleja la voluntad de más del 43% de los votantes que desean un equilibrio de poder y rechazan cualquier intento de modificar la Constitución sin consenso.
Por su parte, Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora de los senadores del PAN, aseguró que, a pesar de las presiones y amenazas, la oposición se mantiene firme en su postura de rechazar la reforma judicial. Aunque ella misma no ha sido objeto de amenazas directas, afirmó que otros miembros del Senado han recibido propuestas para cambiar su voto a favor del oficialismo. "Estamos unidos para evitar que esta reforma avance", declaró.
El senador Enrique Vargas, representante del Estado de México, confirmó que, aunque no ha sido contactado por fiscalías para presionarlo, conoce de otros compañeros que han sido objeto de acoso a través de llamadas telefónicas. "No vamos a ceder ante estas prácticas", aseguró el legislador.
Desde la misma entidad, el senador Agustín Dorantes Lámbarri destacó que el Partido Acción Nacional, junto con sus aliados, está listo para enfrentar cualquier intento del gobierno de manipular el proceso legislativo en torno a la reforma judicial. Afirmó que cada movimiento será respondido con las acciones legales correspondientes.
En tanto, la senadora Alejandra Barrales, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, denunció que su compañero legislador Daniel Barreda está siendo objeto de una persecución política por parte del gobierno de Campeche, liderado por Layda Sansores. Barrales explicó que las acusaciones contra Barreda se han intensificado tras el avance de la reforma judicial, convirtiéndose en órdenes de presentación y aprehensión que buscan debilitar su postura.
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JM/CR
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