La corrupción en el IPN

Columnas miércoles 23 de agosto de 2023 -

La sombra de la corrupción se extiende sobre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y el clamor por respuestas se hace cada vez más fuerte en el Congreso de la Unión. Legisladores de diversas fuerzas políticas han unido sus voces en busca de una comparecencia urgente con el titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, para arrojar luz sobre las acusaciones que rondan la institución y que involucran un desvío millonario de recursos públicos.

La denuncia penal presentada por la diputada federal Inés Parra Juárez (Morena) ante la Fiscalía General de la República (FGR) es un recordatorio contundente de que el desvío de más de 273 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no puede quedar en el olvido. Estos fondos desviados han afectado tanto a la comunidad politécnica como a la nación en su conjunto, dejando un regusto amargo de impunidad en el aire.

Desde el Partido Acción Nacional (PAN), los legisladores Óscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa y César Augusto Rendón García han alzado su voz en favor de la transparencia y la investigación. Los casos de acoso, fraude y corrupción que afectan a empresas contratistas del IPN son de una gravedad alarmante. El diputado Almaraz Smer señala ejemplos concretos, como la afectación a las firmas Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI) y Banana Technologies Group, que han dejado en evidencia el sistema de "moche" que permea algunas transacciones.

Detrás de estos actos de corrupción están nombres y cargos. Fausto Carlos Omar Ruiz Víquez Cuevas, ex coordinador del Centro Nacional de Cálculo del IPN, es uno de los involucrados en esta trama de irregularidades. Su huida ante una orden de aprehensión por delitos contra la intimidad sexual agravado y acusaciones por corrupción deja en evidencia la urgencia de esclarecer estos asuntos.

El Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister», bajo la dirección del doctor en derecho Jesús Rey Fierro Hernández, está tomando medidas concretas. La solicitud ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) revela la preocupación por la vulnerabilidad de los estudiantes del IPN ante la interrupción de servicios esenciales.

En este contexto, el papel de la Justicia cobra relevancia. La proyección de una "inhabilitación" a las empresas afectadas por el IPN, sin el derecho de audiencia y en ausencia de firmas de funcionarios politécnicos, levanta interrogantes sobre la verdadera protección del interés nacional a partir del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

La corrupción en el IPN es un llamado urgente a la acción de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. El futuro educativo, científico y cultural de México está en juego. La claridad, la transparencia y la responsabilidad deben prevalecer en la respuesta de nuestras instituciones y autoridades. La lucha contra la corrupción es la lucha por un México más justo y equitativo.

Punto Cero

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*Periodista | @JoseVictor_Rdz