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¿Qué plantea el Plan B de Sheinbaum?
Nación
Claudia Bolaños
Plan B electoral de Sheinbaum plantea cambios en revocación de mandato y austeridad, principalmente
La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, un paquete de modificaciones que busca ajustar el funcionamiento del sistema político-electoral con medidas de austeridad y cambios en mecanismos de participación ciudadana.
La propuesta surge tras no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para una reforma constitucional más amplia, por lo que ahora se plantea una serie de ajustes legales y constitucionales enfocados en reducir costos y modificar reglas clave del sistema electoral.
Uno de los ejes centrales del Plan B es la revocación de mandato. La iniciativa propone que la persona sujeta a este ejercicio pueda difundir el proceso y promover el voto a su favor. “La persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso a su favor en los términos que establezca la ley”, establece el documento, lo que permitiría una participación directa del gobernante en este mecanismo.
Además, se plantea ampliar el periodo en el que puede realizarse la revocación, para que no solo se lleve a cabo en el cuarto año de gobierno, sino también en el tercero, lo que modificaría el calendario actual de este instrumento democrático.
En materia de austeridad, el Plan B propone que ningún funcionario electoral perciba un salario superior al de la titular del Ejecutivo federal, así como la eliminación de prestaciones como seguros médicos privados, pensiones especiales y otros beneficios. También se contempla una reducción del 15 por ciento al presupuesto del Senado y la imposición de límites al gasto en congresos locales.
En el ámbito político-electoral, la iniciativa incluye la eliminación de la reelección inmediata de diputados locales, además de ajustes para garantizar la paridad de género en la integración de regidurías, luego de observaciones y críticas iniciales sobre este punto.
El proyecto fue turnado al Senado para su análisis en comisiones, en medio de un debate sobre sus alcances y posibles efectos en el equilibrio electoral, la participación política y las reglas que rigen procesos como la revocación de mandato.
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OC/CR
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