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Piden investigar posible red de huachicol fiscal en Nuevo León
Nación
Claudia Bolaños
El empresario Miguel Ángel Velasco Escalante solicitó a las autoridades investigar un posible esquema de huachicol fiscal, lavado de dinero y defraudación tributaria en Nuevo León, en el que señaló a empresarios, exfuncionarios y actores políticos vinculados con operaciones de comercialización de combustibles.
Velasco Escalante afirmó que las operaciones señaladas habrían generado ganancias mediante la importación, distribución o venta irregular de hidrocarburos. Hasta el momento, las acusaciones corresponden a declaraciones del empresario y no implican una determinación de responsabilidad por parte de una autoridad judicial.
Entre las personas mencionadas se encuentra Ezequiel González Duelos, a quien relacionó con operaciones de combustibles mediante una refinería ubicada en Cadereyta.
También mencionó a Eduardo González Duelos, Diego Canavati, Eugenio García Lozano, Héctor Maldonado Corpus, Alejandro Martínez Araiza, Fausto Antonio Molina López, Héctor Matey Espadas, Dimitri Hadjopulos, Alejandro y Alberto Verduzco Berlanga.
En la relación presentada aparecen además Daniel Perches Gándara, Eduardo Rodríguez Cavazos, Adian Audiffred Villarreal, Luis Fernando Sáenz Orta, Juan Carlos Pulido Quintanilla, Ramiro Gándara Martínez, Fernando Bilbao Arrieta y el diputado federal José Adalberto Vega, entre otras personas.
Velasco Escalante señaló que en las operaciones también podrían estar relacionadas empresas del sector energético y de servicios, entre ellas Energy Refinados, Reciclador Eoleo y Servicios Premezclados Forte. Sostuvo que estas compañías deben ser revisadas para determinar si fueron utilizadas en movimientos financieros vinculados con combustibles.
El empresario pidió que las autoridades fiscales, financieras y ministeriales revisen el origen y destino de los recursos, las operaciones comerciales, las transferencias bancarias y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas y empresas mencionadas.
Indicó que una investigación deberá determinar si existieron redes de lavado de dinero, defraudación fiscal o comercialización irregular de hidrocarburos, así como establecer responsabilidades únicamente con base en pruebas y resoluciones de las instituciones competentes.
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OC/CR
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