A nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, sus familias continúan exigiendo justicia.
La lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014 ha llevado a los familiares a confrontar al Ejército mexicano y al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de Ayotzinapa viajaron a Iguala, Guerrero, para secuestrar autobuses con los que trasladarse a Ciudad de México para participar en las conmemoraciones del 2 de octubre de 1968. En el camino, fueron interceptados por policías municipales, federales y miembros del crimen organizado. En la emboscada, tres estudiantes y tres civiles murieron. Uno de los estudiantes quedó en coma. Los 43 restantes fueron detenidos y desaparecidos.
La versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto, respaldada por el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, Tomás Zerón, señala que los policías de Iguala entregaron a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero. Sin embargo, la investigación independiente del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó que esta versión es falsa.
En los últimos años, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha impulsado nuevas investigaciones, pero las familias de los estudiantes siguen sin tener certeza sobre su paradero. En el marco del noveno aniversario de la tragedia, la actual administración entregó un nuevo reporte en el que se reitera que toda la evidencia se ha entregado a las autoridades y los familiares. Sin embargo, las familias han denunciado que el Gobierno ha vuelto a criminalizar a los estudiantes y ha evadido su responsabilidad en la desaparición.