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AMLO presenta 16 puntos en su exposición de motivos para enjuiciar a ex presidentes

AMLO presenta 16 puntos en su exposición de motivos para enjuiciar a ex presidentes

Nación martes 15 de septiembre de 2020 - 11:04

Por Claudia Bolaños

El escrito dirigido a los senadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una exposición de motivos de la petición de consulta popular para la jornada electoral a celebrarse el domingo 6 de junio de 2021, que calificó de trascendencia nacional, y en la cual señaló políticas erróneas y actos de corrupción por parte de cada uno de los 5 presidentes de los sexenios que se desea enjuiciar.

Los motivos son:

1. Que el 1 de diciembre de 1988 y 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de riqueza, quebrantos monumentales al herario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales, que desembocaron en un crecimiento descontrolado de violencia, inseguridad pública, violación masiva de derechos humanos, impunidad como norma y quebrantamiento de Estado de Derecho.

Esa etapa crítica de la vida del país, de periodo neoliberal o neoporfirista, según la llamó.

2. Esos males no ocurrieron de manera fortuita sino por la aplicación durante 5 sexenios de un modelo político económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular. Las más altas esferas del poder público, sobre todo a los presidentes dieron fe en innumerables ocasiones de su adhesión a las políticas privatizadoras, su determinación de privilegiar a los grandes problemas económicos y de su empecinamiento en estrategias de seguridad lentas, inhumanas y contraproducentes.

Los desastres sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años, fueron resultado de una suma de actos voluntarios e irracionales de quienes gobernador en ese lapso.

3. El neoliberalismo se tradujo en miles de vidas perdidas, desaparecidos, conculcación de derechos políticos y sociales, crecimiento de pobreza, desigualdad, marginación, la informalidad y descomposición social, en el deterioro sostenido de los sistemas de salud y educación, desprotección de jóvenes y adultos mayores, en acoso depredador contra comunidades indígenas, en deterioro de instituciones, pérdida de soberanía y devastación de industrias petrolera y eléctrica, con consecuencias graves.

4. La desigualdad se profundizó durante ese periodo, según cifras del Banco Mundial. Fue en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando crecieron más las diferencias economías y sociales entre ricas y pobres, y no es casual que al mismo tiempo se entregaron a empresarios nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos. Un dato. En julio de 1988 cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, la revista Forbes solo daba cuenta de los Garza Sada como los más ricos del país, pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados otros 24 mexicanos que poseían en conjunto más de 44 mil millones de dólares, al ser casi todos beneficiados con minas y bancos que antes eran propiedad de los mexicanos.

Luego de estar colocado en 1988, en el lugar 26 entre los países del mundo con más multimillonarios, en 1994, México escaló al 4 sitio, sólo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania.

5. Ernesto Zedillo siguió las mismas políticas, privatizó bienes nacionales, como ferrocarriles y adjudicó deudas privadas por 552 mil millones de pesos, en el marco del llamado rescate bancario de 1998 -Fobaproa-.

A la fecha aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos, por bonos del Fobaproa, esa deuda asciende a cerca de 2 billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070.

6. Vicente Foz Quezada llegó a Los Pinos por el anhelo de la alternancia, pero al final de su gestión intervino indebida e ilegalmente, a fin de impedir el triunfo de la oposición, tal intromisión fue reconocida en el fallo en el que el Tribunal Federal Electoral legalizó el turbio procesos lectoral del 2006, sino que el propio Fox, quien al año siguiente en una entrevista con Telemundo admitió “que era importante detener a López Obrador”, y en 2010 se jactó de haber cargado los dados del periodo electoral, de esa forma traicionó el mandato democrático al que se debía, y a los principios de la democracia”.

7. Felipe Calderón Hinojosa embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a combatir el narcotráfico, que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo el control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosas para México. Lo más grave colaboradores suyos y periodistas independientes, le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo absolutamente nada.

A la luz de la detención y el enjuiciamiento de García Luna en Estados Unidos, la actitud de Calderón sólo puede explicarse como fruto de una extremada responsabilidad o de complicidad, activa o pasiva, con la delincuencia organizada.

8. La irrupción de grandes cantidades de dinero en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto fue señalada desde 2012, sin que hubiera consecuencias legales, o que llevara al Tribunal Electoral a anular la elección como ese tiempo desde la oposición formalmente lo exigimos.

Sin embargo, declaraciones recientes de Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, durante el sexenio de Peña Nieto han permitido documentar que parte de ese dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht, por otra parte, los señalamiento de Lozoya apuntan a la presunta complicidad de Peña Nieto en las cuantiosas sumas de dinero que se entregaron a legisladores de PAN para obtener los votos y la aprobación de la llamada reforma energética, en la compra fraudulenta en la planta de fertilizantes Agronitrogenados, operación que causó a al erario un quebranto superior a 200 millones de dólares.

9. Los hechos referidos en los párrafos anteriores más muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad, generaron una creciente e inocultable indignación que desembocó en múltiples exigencias de justicia en sectores ampliamente mayoritarios de la sociedad mexicana. Tales exigencias se toparon con una diversidad de mecanismos, encubrimiento e impunidad con la adulteración de disposiciones legales, con las componendas de los partidos subordinados al régimen, con el silencio cómplice de la mayoría de los medios de información nacionales y extranjeros con acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, con aparatos de procuración de justicia puestos a servicio de los propios gobernantes.

10. Desde el primer día de mi gobierno se han incrementado las peticiones populares de justicia para las acciones presuntamente delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo.

No obstante el masivo clamor de justicia, ésta se enfrenta a zonas grises del marco legal, como las limitaciones que establece el artículo 108 constitucional, en curso de modificación para actuar en contra de un presidente en funciones o en consideración de delitos imprescriptibles, que los mencionados habrían cometido o harían podido cometer en el ejercicio de la Presidencia.

11. el país se encuentra en este punto, en una situación en la que una demanda social mayoritaria carece de un cauce institucional nítido y de una vía clara de expresión en las leyes vigentes y en las que es ineludible que el Estado emprenda un proceso de esclarecimiento. En mi calidad del presidente de la República, considero necesario avanzar en el discerdimiento de este punto sin estridencias con responsabilidad pero anteponiendo en todo momento el predominio de la voluntad popular y el respeto irrestricto de la legalidad.

12. Independientemente del curso que tomen las acciones legales en diversos funcionarios tanto en México como en el extranjero la decisión de si debe esclarecerse la función de los ex presidentes debe considerase tema de transcendencia nacional, y por sus implicaciones políticas amerita ser puesto a la consideración de la ciudadanía en un espíritu de democracia participativa. Es importante señalar que no es esta la primera vez en que promuevo tales ejercicios sea han realizado con respecto a la construcción del aeropuerto de Texcoco, la planta eléctrica de Huexca en Morelos, la cervecera en Mexicali y la termoeléctrica en Morelos y he promovido la inclusión de la carta maga en las consultas populares de revocación de mandato puesto a consideración de la ciudadanía.

13 En su toma de posesión en esta decisión de juzgar a ex presidentes propuso la consulta popular, para que autoridades de instituciones tomen su decisión con libertad de aceptar juzgar o no a los ex funcionarios, sin que sean criticados.

Respetaré el fallo popular sea cual sea porque en la democracia el pueblo manda, y me he propuesto mandar obedeciendo Nunca traicionaré la confianza del pueblo ni seré cómplice de impunidad, ni voy a ser tapadera de historias turbáis del pasado, pero tampoco pretendo impulsar represalias contra nadie porque como lo he afirmado no es mi fuerte la venganza.

14. El ejercicio de la consulta popular sobre la viabilidad del acto es un precedente necesario para prevenir la repetición de conductas indebidas y un deslinde con respecto a la impunidad y encubrimiento que caracterizo a los gobiernos pasado.

15. La presente petición no contraviene la limitación establecida en la Constitución, sino reformar derecho a justicia y participación ciudadana.

16. El tema que motiva la presente petición involucra a la población y los hechos son de gravedad tal que insiste en someter a una consulta de participación popular, por ello propongo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen al presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes (mencionados) antes, durante y después de sus respectivas gestiones”.


Imagen: Cuartoscuro

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FT/CR

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