Acusa la UNAM motivaciones políticas, en denuncia del Conacyt

Martha Bautista

La denuncia que presentó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT), por lo cual se pidió liberar 31 órdenes de aprehensión en contra de investigadores, académicos, científicos y personal administrativo, se convirtió en un tema que polarizó nuevamente a diversos sectores de la sociedad mexicana.

A través de un comunicado, el Conacyt señaló que en 2019 se detectaron irregularidades realizadas mediante millonarias asignaciones directas a favor del FCCyT, desde distintos fideicomisos del Conacyt.

Por ello, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control, sin señalar a ninguna persona en particular; en consecuencia, la autoridad emprendió acciones legales.

En respuesta, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) invitó a académicos, profesores, técnicos, estudiantes y trabajadores de la Máxima Casa de Estudios, a pronunciarse en contra de las investigaciones en curso, y exigió que la autoridad se desista "de la solicitud de órdenes de aprehensión contra nuestros colegas y maestros”.

Añadieron que, las acusaciones surgidas del Conacyt, carecen totalmente de sustento, pues se refieren al otorgamiento de fondos por parte de ese consejo para el financiamiento del Foro Constitutivo Científico y Tecnológico, durante los años previos a la actual administración, lo cual tuvo en todo momento un sustento legal, pues está previsto en el artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente en el período que cubre la acusación.

“De hecho, un juez concedió un amparo que obliga a la actual dirección del Conacyt a otorgar los recursos al Foro Constitutivo, resolución que no fue acatada. Se trata más que de razones jurídicas, de motivaciones políticas”, expresaron.

Señalaron que, las acusaciones de delincuencia organizada son un agravio, no solamente para los académicos que han sido señalados, sino también para las instituciones en las que realizan sus actividades de investigación, docencia y difusión. ”Entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, pues entre los acusados se encuentran destacados investigadores y profesores de nuestra Máxima Casa de Estudios”.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto señaló que esta dependencia no investigará a las universidades ni a los académicos que trabajan en ellas, esto, luego de que el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, solicitó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la UIF revisen y auditen los fondos que se destinan a las universidades públicas, para la educación e investigación, en referencia a instituciones como la UNAM.

El legislador morenista, en conferencia, se fue contra científicos e investigadores, a quienes se refirió como “algunos falsos investigadores”.

Vía redes sociales, Nieto señaló que en las funciones de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no está el investigar las finanzas de las instituciones de educación superior.

Las acciones de la UIF están enfocadas en la prevención y combate al lavado de dinero.

“La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados, así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. No para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”.

Y de forma inusual, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y senadores del Partido Acción Nacional coincidieron en calificar como un exceso la solicitud de órdenes de aprehensión y la imputación de crimen organizado, que pesa sobre miembros de la comunidad académica.