Adrián de la Garza y Samuel García, candidatos a gubernatura de NL, investigados por FGR

Por Claudia Bolaños

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) inició carpetas de investigación en contra los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (Movimiento Naranja).

En el caso de Samuel García, la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) aportó también información contra su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú , y del padre de ella, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.

Ellos están involucrados aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales, que sanciona el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) esta noche.

En cuanto a Adrián de la Garza, es investigado por el tema que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en dos diferentes conferencias de prensa la semana pasada: La entrega de una tarjeta para contar con mil 500 pesos bimestrales en caso de llegar a ser gobernador.

Para la FGR eso significa la compra y coacción del voto.

“Las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos para la compra y coacción del voto, en elecciones federales y locales, lo cual ya se ha analizado como antecedentes de estas conductas delictivas, en la indagatoria correspondiente.

"La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente", detalló la dependencia.

A través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas, al violentar el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción VII, y 6 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mencionó la FGR.