El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la militarización inmediata de la ciudad luego de un atentado con camión bomba frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, que dejó siete muertos y más de 70 personas lesionadas, incluyendo civiles y personal de seguridad.
El ataque fue atribuido al Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, liderada por Iván Mordisco, un grupo armado que opera en el suroeste de Colombia y que ha estado vinculado a múltiples ataques contra infraestructura militar y civil.
El incidente ocurrió durante la tarde del jueves en una de las avenidas más transitadas de Cali. Un camión cargado con explosivos estalló frente a la base aérea, mientras que un segundo vehículo con cilindros bomba no logró detonar. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, y varios heridos presentan quemaduras y traumatismos graves.
Tras el atentado, la comunidad logró la detención de dos sospechosos, identificados como Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades anunciaron que ambos enfrentarán cargos por presunta participación en el ataque terrorista y están siendo investigados por su posible relación con otras acciones de grupos armados ilegales en la región.
El alcalde Éder, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, desplegó unidades militares y de seguridad en toda la ciudad para reforzar la vigilancia y proteger puntos estratégicos, incluyendo escuelas, hospitales y edificios gubernamentales. Además, se implementó un plan de contingencia para garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el atentado y solicitó cooperación internacional para desarticular las estructuras criminales responsables. Expertos en seguridad señalaron que este ataque evidencia la persistencia de las disidencias de las FARC y la necesidad de fortalecer los protocolos de inteligencia y prevención de ataques en zonas urbanas.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el impacto de la violencia en la población civil y han solicitado a las autoridades garantizar la protección de los menores y las familias afectadas. El atentado ha generado un estado de alerta en la región, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y prevenir nuevos ataques.