AFP
El Consejo Constitucional, que debe emitir este jueves su decisión sobre la ley Duplomb, que reintroduce condicionalmente un pesticida prohibido, ha censurado más de 300 leyes desde 1958, la gran mayoría de ellas parcialmente.
En lo que respecta únicamente a las leyes ordinarias, el Consejo Constitucional sólo se pronunció en contra en 13 ocasiones, entre 1958 y 2025, por incumplimiento total de la Constitución.
La mayoría de las veces, los rechazos del Concilio a las leyes ordinarias son sólo parciales: los Sabios pronunciaron 291 "no conformidades parciales" entre 1958 y 2025, lo que supone más que las decisiones de conformidad con la Constitución (232).
A continuación se presentan algunas censuras emblemáticas del Consejo Constitucional:
- Rechazo total: Ley de finanzas, menores aislados, vivienda social...
El último caso de censura total de una ley ordinaria se remonta a octubre de 2012: la ley sobre vivienda social defendida por la ministra Cécile Duflot, para la cual no se habían respetado los procedimientos de discusión en el Senado.
El ejemplo más claro de rechazo generalizado es el de la Ley de Finanzas de 1980, que fue rechazada por el Consejo el 24 de diciembre de 1979 por incumplimiento de los procedimientos. Una nueva Ley de Finanzas se aprobó con gran celeridad y se publicó en el Diario Oficial el 18 de enero de 1980.
En 1982, bajo el gobierno de Pierre Mauroy, la ley de nacionalizaciones fue censurada. Reescrita, se promulgó el 11 de febrero.
A finales de 2010, el Consejo Constitucional censuró la ley que ratificaba un acuerdo franco-rumano de 2007 que organizaba el retorno de menores rumanos no acompañados a su país de origen. La autorización otorgada al fiscal para ordenar dicho retorno de emergencia, sin posibilidad de recurso, contraviene el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, dictaminó el Consejo.
- Censura parcial: internet, Covid-19, pensiones, inmigración...
Existen numerosas censuras parciales sobre los temas más diversos.
El 10 de junio de 2009, se anuló la disposición más controvertida de la Ley Hadopi (Alta Autoridad para la Distribución de Obras, que se convirtió en Arcom en 2021), que otorgaba el derecho a cortar el acceso a internet en caso de descargas ilegales. Solo los tribunales pueden hacerlo.
En medio de la epidemia de Covid-19, en mayo de 2020, el Consejo Constitucional validó la ley que extendía el estado de emergencia sanitaria hasta el 10 de julio, pero censuró el aislamiento de los pacientes y el "rastreo" obligatorio de sus contactos.
El 14 de abril de 2023, los Sabios censuraron seis "cláusulas legislativas" (artículos sin relación directa con el resto del proyecto de ley, en particular sobre la creación de un CDI superior) de los 36 artículos de la controvertida reforma de las pensiones de Elisabeth Borne.
El 16 de noviembre de 2023 censuraron una de las medidas más sensibles del proyecto de justicia: la activación remota de teléfonos móviles para escuchar y filmar a personas objeto de ciertas investigaciones sin su conocimiento.
El 25 de enero de 2024, el Consejo censura ampliamente una ley de inmigración criticada, rechazando total o parcialmente 35 artículos, en particular sobre el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales.
- ... agricultura y medio ambiente -
Antes de la decisión sobre la constitucionalidad de la ley Duplomb, la última gran decisión de los Sabios en materia de medio ambiente se remonta al 20 de marzo de 2025 con la censura parcial de la ley de orientación agrícola.
En la primera decisión desde que Richard Ferrand asumió la presidencia del Consejo, el organismo censuró casi un tercio de sus artículos, en particular varias medidas destinadas a consagrar el principio de "soberanía alimentaria" y responder a la ira de los agricultores por el peso de los controles y las normas.
En particular, censura el artículo que consagra la presunta "buena fe" de los agricultores durante los controles y la presunción de "no intencionalidad" para ciertos daños medioambientales.
Anteriormente, sobre el mismo tema ambiental, los Sabios habían rechazado, el 29 de diciembre de 2009, el impuesto al carbono, defendido por Nicolas Sarkozy en el presupuesto de 2010, debido a sus excesivas exenciones. «Menos de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero habrían estado sujetas al impuesto al carbono», había justificado el Consejo.
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