Armas y Gérmenes en las relaciones exteriores

En un hecho inusitado, el Gobierno mexicano demandó a 11 fabricantes de armas de fuego, tratando de corresponsabilizarlos de que, con conocimiento de causa, venden productos que constituyen la columna vertebral del poder de fuego de grupos criminales organizados en nuestro país, y no tienen políticas que lo inhiban; lejos de eso, parece que son partes interesadas en que la violencia en México escale lo más posible, pues para ellos implica, al final, más utilidades. La demanda también afirma que las empresas están comercializando sus armas ad hoc para ser modificadas como los criminales las requieren. El texto vale la pena por su claridad: "Los acusados diseñan estas armas para que se modifiquen fácilmente para disparar automáticamente y sean fácilmente transferibles en el mercado criminal en México". Lo primero es que esa es la trama exacta, sin ningún cambio, de un capítulo de Law and Order (ahí el fiscal gana el jurado pero el fiscal revierte el fallo, por cierto, en favor de las armamentistas). Las empresas afectadas son las más importantes del ramo en EU como Smith & Wesson, Barrett, Beretta USA, Glock, Century International Arms y Colt's Manufacturing Co.

Algunos dicen que hay ingenuidad en la postura presidencial de presentar esta demanda, pero no lo creo. Me parece que es congruente con la visión del gobierno federal sobre la posición de México en el escenario internacional. Es cierto que el gobierno federal encabezado por el presidente AMLO ha sido cauto y hasta complaciente con Washington en materia comercial, y es previsible que lo siga siendo, porque sabe que México depende, en buena medida, del comercio con EU.

Pero no puede decirse lo mismo de sus posiciones en materia política. En ese tema, hacia el vecino del norte pero también hacia otros países, ha tenido posturas más bien rígidas y, bajo cierta perspectiva, más dignas que el silencio o la claudicación de otros presidentes: la negativa de reducir producción ante la OPEP, la solicitud de explicación de la operación “Rápido y furioso”, la exigencia de que regresaran al General Cienfuegos y hasta las comunicaciones (infantiles o no) con España para que nos pida disculpas por todo (disculpas que les exigimos en español, con cierta ironía). Pero todo esto demuestra un cambio en la manera de llevar la política exterior y el intento de defender la idea, maltrecha y fantasmal, de la soberanía nacional, al menos en los ámbitos que están bajo control de la política. Creo que algunos gobiernos renunciaron por completo a ella, ahí sí, por miedo, vendiéndonos la estrategia del agachón cobarde como la gran cosa.

La demanda a los armamentistas no se trata de ganar dinero, y ni siquiera de ganar la demanda, sino de visibilizar en tribunales norteamericanos y en la opinión pública mexicana, que el crimen organizado en México depende del suministro de armas estadounidenses para conservar su poder de fuego, y a diferencia de los laboratorios o cultivos de droga, este bien se vende de forma inicial a plena luz del día. Si bien es cierto que, por ejemplo, el presidente Calderón se quejaba de lo mismo, nunca demandó a nadie, y no se ve que haya buscado que sus declaraciones tuvieran efectos judiciales ni diplomáticos. Al menos, hoy, se busca algo más.