Mediante la operación denominada “Liberación”, autoridades federales lograron la detención de ocho personas señaladas por su presunta participación en delitos de extorsión y secuestro, tras realizar acciones coordinadas en 14 municipios del Estado de México.
Según lo informado por el fiscal mexiquense, José Luis Cervantes, se identificó la operación de un grupo delictivo originario de Michoacán, que ha establecido su presencia en varios municipios del sur de la entidad. Este grupo utilizaba diversos comercios como medio para imponer “cuotas o precios abusivos con un 'incremento desmedido' de hasta más del 133%”, según sus propias palabras.
A través de mecanismos de intimidación y amenazas, el grupo obligaba a la ciudadanía a participar en actividades comerciales bajo condiciones impuestas, las cuales incluían la compra, venta o contratación de productos y servicios, entre los que destacan materiales para la construcción, transporte de carga, productos cárnicos y servicios de paquetería.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que se efectuaron cateos en 52 establecimientos ubicados en los municipios de: Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria.
Durante dichos operativos, se aseguraron mercancías diversas, entre ellas animales de granja, carne, y materiales para construcción.
Además, se ejecutaron siete órdenes de aprehensión por el delito de “secuestro exprés con fines de extorsión” en contra de Antonio ‘N’, Alicia ‘N’, Eli ‘N’, Gonzalo ‘N’, Jorge ‘N’, José Fernando ‘N’ y Yareli ‘N’. Asimismo, se logró la captura de Bernardo Alejandro ‘N’ en el estado de Quintana Roo.
Entre los detenidos se encuentran personas que presuntamente ejercían liderazgo en madererías, propietarios de negocios y figuras vinculadas a estructuras sindicales y políticas locales, como es el caso de Gonzalo ‘N’, supuesto dirigente del sindicato Bradosva, y Yareli ‘N’, regidora municipal, quien además presuntamente colaboraba con una organización criminal de Michoacán.
El fiscal José Luis Cervantes puntualizó que las personas capturadas durante esta operación podrían enfrentar penas de entre 70 y 80 años de prisión.