Brechas generacionales en el acceso a la información

Columnas jueves 25 de agosto de 2022 -

En próximos días habremos de conmemorar el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, efeméride que cada 28 de agosto nos convoca a reflexionar sobre este importante sector de nuestra sociedad y los retos que enfrenta, en particular, en el ejercicio cotidiano de sus derechos.

Según datos del INEGI, para 2020, de los 15 millones de adultos mayores en el país, 16% no sabía leer ni escribir, lo que equivaldría a 2.4 millones de personas; además, casi 3 millones, es decir el 20% de personas adultas mayores, no se encontraban afiliadas a ninguna institución de servicios de salud, a pesar de que el 98% de esta población utiliza estos servicios.

Desafortunadamente, el acceso a la salud no es el único derecho que se ve mermado al llegar a cierta edad, sino que estas personas se enfrentan a otros problemas como la pobreza, discriminación y violencia por parte de la sociedad que los segrega cada vez más.

Y es a propósito de ello que considero pertinente realizar una reflexión sobre los retos que los adultos mayores se encuentran, y cómo es posible hacerles frente, a través del ejercicio de su derecho constitucional de acceso a la información.

Este derecho, al tratarse de un “derecho llave”, constituye un elemento fundamental en nuestro marco jurídico, ya que a través de éste es posible acceder plenamente a otros derechos, de ahí la pertinencia de su conocimiento y ejercicio, en particular para un grupo como los adultos mayores, ya que el tener acceso a información que pudieran necesitar les permitirá contar con mayor autonomía e independencia en su toma de decisiones cotidianas.

El tipo de información pública a la que pueden acceder para su beneficio es múltiple, algunos ejemplos: convocatorias para programas sociales; trámites relativos a sus pensiones y jubilaciones; políticas laborales; información respecto de instituciones de salud pública; entre otros.

Sin embargo, para el pleno ejercicio de un derecho como éste, nos encontramos aún ante importantes retos, tanto para la sociedad en general, como para las autoridades en la materia.

Uno de estos retos tiene que ver con la brecha digital: reducir el desigual acceso a las tecnologías de la información por parte de este grupo etario es sin duda una de las primeras acciones a realizar en la búsqueda por garantizar el ejercicio pleno de este derecho; aunque tampoco debemos olvidar que existen otros medios a través de los cuales se puede acercar la información a los sectores más alejados.

Asimismo, la socialización del acceso a la información, acompañado de sus beneficios y mecanismos para acceder a él, corresponde a otra de las tareas cruciales a realizar. De poco sirve que la ley garantice este derecho, si la sociedad no tiene conocimiento sobre él, ni mucho menos sobre cómo ejercerlo.

Y a pesar de que el conocimiento por parte de la población acerca del derecho de acceso a la información ha aumentado con el paso de los años, también es cierto que el proceso de envejecimiento de la población incrementa y con ello la brecha para acceder a estas prerrogativas se hace más grande.

Tanto así que, de acuerdo con datos de la ONU, durante los siguientes 30 años, se prevé que el número de personas mayores en todo el mundo se duplique, llegando a más de 1,500 millones en 2050, de ahí la pertinente y necesaria redefinición de políticas públicas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos, en particular el de acceso a la información, para un sector al cual muchos de nosotros llegará en algunos años. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.