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Clara Brugada propone que robos menores sin violencia se resuelvan en juzgados cívicos de CDMX
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ante el Congreso capitalino una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica que permitiría que ciertos robos sin violencia, cuyo monto no exceda los 5 mil 865.50 pesos, sean atendidos en juzgados cívicos, siempre que la víctima reciba de inmediato la devolución del bien o el pago total de su valor y otorgue su consentimiento expreso.
La propuesta establece que esta vía aplicaría únicamente en casos equivalentes a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuando se trate de la primera vez que la persona comete la conducta, no exista violencia física ni moral y el Ministerio Público no haya intervenido previamente en el hecho.
De acuerdo con el proyecto, quienes sean responsables de estas conductas podrían ser sancionados con arrestos de entre 30 y 36 horas o con trabajo en favor de la comunidad de 14 a 18 horas. Además, se contemplaría la reparación simbólica del daño como parte de las medidas aplicables dentro de las denominadas infracciones tipo E.
La iniciativa también plantea un esquema similar para daños ocasionados a bienes muebles e inmuebles ajenos que no superen el mismo límite económico. En estos casos, la reparación tendría que efectuarse de manera inmediata y satisfacer plenamente a la persona afectada, quien deberá aceptar la intervención de la autoridad cívica.
Asimismo, el proyecto busca fortalecer los mecanismos de mediación para resolver conflictos vecinales y comunitarios. Para determinar las sanciones se tomarían en cuenta las condiciones económicas de la persona infractora, así como los resultados de evaluaciones psicosociales, privilegiando medidas distintas a la privación de la libertad.
Entre las alternativas previstas se incluyen canalizaciones a servicios de atención psicológica, tratamientos contra adicciones y talleres relacionados con la conducta cometida, sin que ello sustituya la obligación de reparar el daño causado.
La reforma contempla además la creación y fortalecimiento de centros de gestión de conflictos, los cuales podrían ofrecer procedimientos tanto presenciales como virtuales para facilitar acuerdos entre las partes. Los convenios alcanzados serían supervisados durante un plazo máximo de seis meses para verificar su cumplimiento.
En materia educativa, la propuesta permitiría la intervención de facilitadores en conflictos de convivencia escolar que no hayan sido resueltos por las autoridades académicas, siempre que no constituyan delitos ni correspondan exclusivamente a otras instancias. Cuando participen menores de edad, sería obligatoria la presencia de madres, padres o tutores.
El documento también establece restricciones para acceder a mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos beneficios no serían aplicables cuando exista reincidencia en la misma conducta dentro de un periodo inferior a seis meses o cuando se incumplan acuerdos previamente alcanzados por la misma infracción.
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JM/CR
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