Con guía de 5 puntos, buscan proteger a candidatos

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó una guía de cinco puntos para evitar que candidatos sean agredidos, lo que contempla que éstos cumplan con la ley, se sume a los gobiernos locales a la estrategia, se aumente presencia policial en municipios de alto riesgo y se proteja a aspirantes amenazados.

En la conferencia mañanera, la funcionaria indicó que “sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco, por ello es necesario actuar con una guía clara”.

Añadió que se evaluará de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete, y la evaluación de los lugares que necesitan más apoyo, por lo que se harán reuniones periódicas en la mesa de estrategia en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos.

En primer lugar hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley, dijo.

En segundo término es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, de seguridad, los partidos políticos, la Fiscalía tanto legales locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco.

En tercer lugar se consultará con los Gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas, y en cuarto se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad.

En quinto lugar se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección, con la protección en la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes tanto locales como federales y a raíz del diálogo entre instituciones entre Gobernadores que no has coincidido en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral.