Con 58 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma histórica al artículo 123 de la Constitución, estableciendo la creación de un sistema de vivienda social destinado a los trabajadores. La iniciativa, que minutos antes había sido respaldada por el Senado de la República, convierte a la capital mexicana en la segunda entidad en apoyar la obligación de las empresas de contribuir a la provisión de vivienda accesible para sus empleados mediante aportaciones a un fondo nacional.
Este fondo será clave para otorgar créditos a los trabajadores con el fin de adquirir o mejorar vivienda nueva, así como para la compra de terrenos. Uno de los aspectos más destacados es que el costo del arrendamiento social no podrá superar el 30% del salario de los beneficiarios. Además, se dará prioridad a aquellos trabajadores que hayan contribuido de manera constante al fondo y que no posean una vivienda propia.
En línea con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir un millón de nuevas viviendas durante su mandato, la Ciudad de México se encargará de alrededor de 73,000 de esas unidades. Esta iniciativa promete ser un paso significativo hacia la resolución del déficit habitacional en la capital, aunque no ha estado exenta de críticas y reservas.
A pesar del apoyo unánime en el Congreso local, miembros de la oposición expresaron inquietudes. Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, enfatizó la crisis de asequibilidad que enfrenta la Ciudad de México. “Aunque este dictamen convierte en derecho un antiguo anhelo, no podemos ignorar la realidad: en 2022, se necesitaban 62 veces el ingreso trimestral promedio de los mexicanos para adquirir una casa, cuando el precio medio alcanzaba los 1.5 millones de pesos”, subrayó. Además, agregó que la situación en la capital es aún más crítica, con el costo promedio de la vivienda en 3.9 millones de pesos.
Torres destacó que, según el reporte anual de vivienda de 2023 del Infonavit, la construcción de viviendas sociales ha disminuido drásticamente desde 2016. “La producción de vivienda social cayó un 73% en siete años, y eso es preocupante para los jóvenes, quienes enfrentan una necesidad anual de 40,000 viviendas, pero solo se producen cerca de 2,000”, advirtió.
Por su parte, el panista Ricardo Rubio respaldó la medida, pero insistió en que el Partido Acción Nacional (PAN) estará atento para garantizar que los fondos no se desvíen ni se utilicen con fines electorales. “Esto no es un cheque en blanco”, declaró. Rubio también señaló que, para hacer frente al déficit de vivienda entre 2024 y 2030, se requerirán más de 44,870 nuevas unidades.
La aprobación de esta reforma representa un avance importante, pero su implementación será clave. Legisladores y ciudadanos coinciden en que es fundamental asegurar que los recursos se gestionen de manera eficiente y transparente, sin riesgo de corrupción o desvíos. Con la mirada puesta en la construcción de viviendas accesibles, el próximo desafío será convertir las promesas en realidades tangibles para miles de trabajadores que anhelan un hogar propio.