Congreso de la CDMX endurece sanciones contra venta ilegal de alcohol y quebrantamiento de sellos de clausura

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y de Defensora Pública del Congreso de la Ciudad de México aprobaron una iniciativa enviada por el jefe de gobierno, Martí Batres, relacionada con la regulación de las "chelerías" y el quebrantamiento de sellos de clausura. La propuesta fue respaldada con 15 votos a favor, mientras que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se abstuvieron en cinco ocasiones.

El dictamen establece que quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública serán sancionados con una multa de 21 a 30 Unidades de Medida, arresto de 25 a 36 horas, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, exceptuando los casos en los que la venta ocurra en ferias, romerías o festividades con el permiso adecuado de las autoridades competentes.

La denominada iniciativa "Antimichelada", impulsada por el alcalde Giovani Gutiérrez, busca convertir la venta ilegal de alcohol en un delito penal, ya que "atenta contra la salud de la juventud y la niñez". Según la iniciativa, se pretende que este comportamiento deje de ser únicamente una falta administrativa para pasar a tener un carácter penal.

Además, el dictamen especifica que se impondrán penas de seis a 12 años de prisión y multas de mil a cinco mil días de salario mínimo a los dueños de establecimientos o construcciones clausuradas que sigan operando, incluso si los sellos de clausura permanecen intactos. "Quienes reincidan en estas conductas recibirán un aumento de una cuarta parte en la pena de prisión", se menciona en el documento aprobado.

Al respecto, el diputado Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que estas modificaciones al Código Penal buscan garantizar el cumplimiento de la clausura o suspensión impuesta por la autoridad, impidiendo la continuidad de actividades irregulares tras el retiro de sellos. Esto evitará que se induzca al error de que los establecimientos cumplen con la normativa, cuando en realidad no es así.

Martínez Urincho también subrayó que estas reformas tienen como propósito proteger la seguridad jurídica de la ciudadanía, garantizando la efectividad de los procedimientos de verificación y sanción administrativa. A menudo, dichas acciones son atendidas por encargados o empleados, quienes en ocasiones son utilizados para violar los sellos de clausura o ingresar a espacios restringidos.

"Por ello, es fundamental que la responsabilidad penal no se limite únicamente a quienes están trabajando en el establecimiento suspendido, sino que abarque a quienes se benefician directamente de la reanudación ilícita de las actividades", añadió el diputado. En consecuencia, se incrementarán las sanciones para titulares, propietarios, representantes o responsables de los negocios que consientan o permitan la continuación ilegal de actividades.

Foto por Cuarto Oscuro