Crónica de una elección judicial

El pasado miércoles 20 de noviembre, el INE arrancó ya con los trabajos preparatorios y logísticos de la elección judicial de junio del año 2025.

Al parecer tomado de la mano de las dos sentencias recientes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mandatan no suspender dichos trabajos, el Instituto puso en movimiento su sofisticada maquinaria profesional.

Muy temprano se instaló la Comisión Temporal del Consejo General encargada del Proceso Electoral Extraordinario en materia judicial y aprobó varios documentos y acuerdos relevantes, todos turnados al propio Consejo General para su eventual discusión y en su caso aprobación final.

En primer lugar, se aprobó el Programa de Trabajo de dicho órgano auxiliar, integrado por el Consejero Jorge Montaño, que lo preside; y por las Consejeras López Vences y De la Cruz, y contiene un listado de una treintena actividades agrupadas por objetivos y también un calendario de sesiones que se ve muy intenso, afortunadamente, pues el reto es de dimensión superlativa.

El objetivo general del Programa es: “Vigilar la correcta consecución de los actos materia del PEEPJF 2024-2025, previstos desde las disposiciones transitorias de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial, y que tiene que desarrollarse de conformidad a las disposiciones legales vigentes en la materia electoral, en todo lo que no sea contrario a la Reforma, de manera que para su funcionamiento y el logro del objeto planteado, podrá participar en conjunto con las diversas comisiones permanentes y temporales de este Instituto.”

Igualmente, se aprobaron el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral judicial, con cerca de otras 400 actividades concretas de las áreas ejecutivas y técnicas del INE; así como una metodología especial para darle seguimiento puntual. Este documento en particular fue turnado primero a la Junta General Ejecutiva, que el mismo día lo aprobó por unanimidad y lo turnó al Consejo General.

En otro acuerdo de la propia Comisión se aprobó instalar a la brevedad los 32 Consejos Locales y los 300 Distritales del INE, como órganos desconcentrados en cada Estado y en cada Distrito, respectivamente, para que arranquen también sus actividades. Finalmente, se aprobó una amplia reforma al reglamento de sesiones de dichos órganos, pues por decisión de la reforma constitucional en la materia los partidos políticos no tendrán participación y es necesario, supongo, prever esa nueva conformación de los Consejos, con sus correspondientes efectos en su funcionamiento, deliberación y votaciones.

Suspensiones judiciales, multas y trámites diversos aparte, y aun con la incertidumbre sobre el vértice presupuestal, el Instituto retoma el camino en una expresión de su seriedad institucional y su lealtad a la Constitución, pero sobre todo de su convicción histórica de ser órgano garante de derechos políticos electorales, como el de votar y ser votado o votada en el proceso electoral judicial.

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