Dato Protegido

Columnas miércoles 23 de julio de 2025 -

En México, donde la violencia política de género sigue siendo una problemática que debe enfrentarse con seriedad y convicción, preocupa que las herramientas legales diseñadas para proteger puedan, en ciertos casos, convertirse en mecanismos percibidos como punitivos. El caso que detonó la conversación bajo el hashtag #DatoProtegido abrió un debate necesario sobre los límites entre la legítima defensa de los derechos y el uso del poder institucional como herramienta de sanción.

La Diputada federal cuya historia se volvió viral bajo la etiqueta #DatoProtegido solicitó al Tribunal Electoral sancionar a una ciudadana por un contenido que, desde su perspectiva, constituía violencia simbólica de género. Como resultado, se dictó una resolución que ordenaba a la ciudadana ofrecer una disculpa pública durante treinta días, sin mencionar directamente a la legisladora. Sin embargo, lejos de reparar un posible agravio, la medida generó el efecto contrario: una ola de solidaridad hacia Karla Estrella —la ciudadana señalada— y una amplia defensa del derecho a la crítica en el espacio digital.

Este episodio dejó en claro que el ejercicio de un cargo público implica, por definición, estar sujeto al escrutinio. Supone también la obligación de rendir cuentas, de abrirse al debate y de escuchar opiniones diversas, incluso cuando resultan incómodas. Porque la vida democrática se fortalece dialogando.

En ese mismo tono se pronunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien evitó entrar en confrontaciones, pero sí expresó una posición clara: las sanciones, cuando proceden, deben aplicarse en su justa dimensión. “El poder es humildad, no soberbia”. Y esa frase bastó para marcar una línea que distingue entre autoridad legítima y ejercicio autoritario.

También se manifestó al respecto la secretaria de Mujeres del gobierno de México, Citlalli Hernández. A pesar de compartir militancia con la legisladora denunciante, expresó abiertamente su desacuerdo con la medida. Lo hizo desde una voz de mujer que ha sido víctima directa de violencia digital y que, aun así, reconoció que resoluciones de este tipo pueden debilitar la causa que pretenden defender. Su postura dejó el mensaje que la defensa de los derechos de las mujeres no debe convertirse en pretexto para sofocar la libertad de expresión.

El caso invita a reflexionar con rigor. No se trata de negar la existencia de violencia simbólica ni de cuestionar los mecanismos institucionales creados para atenderla, sino de evitar que pierdan legitimidad por decisiones desproporcionadas. La línea entre protección y censura, entre justicia y exceso, es delgada. Y cuando se cruza, el derecho corre el riesgo de convertirse en herramienta de control más que en garantía de equidad.

A los pocos días del revuelo, tras la intensa discusión pública, la propia legisladora pidió al tribunal reconsiderar la sanción impuesta. “Desde la primera vez que se ofreció una disculpa, para mí fue suficiente”, Y añadió: “También creo en la capacidad de reconocer, de rectificar y de aprender”. El gesto —aunque tardío— puede tomarse como ejemplo para quien ejerce la función pública como una reconciliación con el principio de proporcionalidad que la democracia exige.

En medio de este debate, conviene reiterar que el feminismo no puede convertirse en consigna de ocasión ni en escudo político. Debe ser un compromiso real con la justicia, la libertad y el respeto al disenso. Defender los derechos de las mujeres implica, también, defender su derecho a opinar, a disentir y a participar activamente en la esfera pública.

Ivonne Arriaga García

Comunicación política con enfoque en narrativa institucional y estrategia gubernamental