Decretazo no es permiso para violar la ley

Con el pretexto de la seguridad nacional, López Obrador busca blindar sus obras faraónicas, así nadie podrá tener acceso a los contratos, costos y licitaciones por ser considerada información que pondría en riesgo la seguridad nacional, lo cual es totalmente falso, ninguno de estos proyectos es de vida o muerte; son, simplemente, obras públicas que deben cumplir con la ley, como la cumplimos todos los ciudadanos, pero por lo visto al presidente le estorba la ley, y con este decreto lo que hace es dar permiso a sus funcionarios de violar la ley.

AMLO con este acto administrativo autoritario, busca que se construyan sin permiso y sin rendir cuentas sus obras como el Tren Maya, Dos Bocas, el Aeropuerto, etc.

Este decreto puede generar responsabilidades, tanto administrativas, como penales a los servidores públicos que actúen al amparo del mismo, ya que viola leyes vigentes aplicables a materias específicas. Las leyes en el rango de normas jurídicas son jerárquicamente superiores a los acuerdos o decretos, aun cuando en este caso se trate de un acuerdo presidencial.

El Acuerdo es una muestra más de la arbitrariedad y abuso de poder de AMLO, que viola una serie de derechos como, el derecho de los ciudadanos a ampararse contra estas obras, los derechos a la información, a la protección del medio ambiente, a la competencia a través de licitaciones publicas que garanticen, servicios de calidad a mejor precio, a la defensa de las comunidades afectadas.

El decreto también viola diversos derechos humanos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales de los que México es parte, los cuales tienen como objetivo proteger la salud de la población y procurar un medio ambiente sano, lo que no podrá garantizarse si se omite la evaluación de impacto ambiental de cada obra.

Se hacen a un lado disposiciones legales que al Presidente le estorban, como son la consulta pública a las comunidades afectadas por sus proyectos, así como las relativas al cambio de uso de suelo de terrenos forestales.

En realidad, lo que están ocultando son todas aquellas implicaciones que tienen estos proyectos, como son los daños contra el medio ambiente, las violaciones a los derechos humanos, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Este decreto presidencial representa uno de los mayores golpes que se han dado al sistema de rendición de cuentas en México, dejando a la sociedad civil sin herramientas para defenderse.

Todo lo anterior evidencia de manera clara que se trata de violaciones a nuestra Carta Magna, esperamos que a la Presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, no le tiemble la mano, y se olvide de su filiación partidista, e interponga la acción de inconstitucionalidad, en contra de dicho acuerdo presidencial, que de permitirse dañaría al medio ambiente y los derechos humanos de los mexicanos.

¡México es de los mexicanos, no de AMLO!