Derechos Humanos y combate a la corrupción en perspectiva internacional

La corrupción es un fenómeno cuya atención exige la colaboración del conjunto de las naciones (al igual que la protección de los derechos humanos). El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas está prestando cada vez más atención a las repercusiones negativas de la corrupción sobre el disfrute de los derechos humanos, por lo que en los últimos años se han formulado numerosas recomendaciones a los Estados Miembros con el fin de tomar acciones para prevenirla y erradicarla.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha promovido una estrategia basada en los derechos humanos para luchar contra la corrupción, un enfoque que sitúa a los beneficiarios de derechos humanos a escala internacional y a las correspondientes obligaciones de los Estados en el centro del debate y los esfuerzos para combatir la corrupción en todos los ámbitos. Los Estados deben asumir su responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar, reparar los abusos contra los derechos humanos dentro de su territorio, y de abordar los impactos adversos de sus actividades que puedan derivar en posibles violaciones a estos.

La implementación del combate a la corrupción en México con base en los derechos humanos, es consecuencia de una serie de acciones conjuntas que ha tomado el gobierno con la sociedad y que dieron origen a medidas como las reformas constitucionales de 10 de junio de 2011, que fundamentan la obligación para todas las autoridades, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

La segunda reforma constitucional relevante en este punto, es la del año 2015, la cual creó el Sistema Nacional Anticorrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción.

Otras medidas que han sido tomadas por nuestro país son la publicación de un Código de Ética para las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal; la firma de convenios de colaboración con instituciones como agencias de la ONU, la UNAM, la Cámara de Diputados, las Fiscalías, entre otras; el lanzamiento del Portal de Transparencia; la reforma al artículo 113 constitucional y la profesionalización del servicio público con perspectiva de género, entre las más notables.

Resulta apremiante que el Gobierno Federal y los gobiernos locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, el sector empresarial, las organizaciones internacionales y la academia sumen esfuerzos en esta lucha, que signifique abrirle paso a una cultura de la legalidad y de combate efectivo a la impunidad, que garantice la plena vigencia del Estado de Derecho en México.

Flor de loto: La protección de los derechos humanos y el combate a la corrupción, tienen una misma herramienta para lograr su eficacia: la cultura de la legalidad.