Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales culminó con el desalojo de aproximadamente 300 familias que habitaban desde hace una década en la colonia 23 de marzo, ubicada en Reynosa, Tamaulipas. Las viviendas fueron demolidas con maquinaria pesada, en cumplimiento de una resolución judicial que ordenó la restitución del predio a su propietaria legal.
La intervención generó una fuerte reacción entre los habitantes, quienes intentaron impedir el avance de las autoridades mediante bloqueos en el bulevar Luis Donaldo Colosio Murrieta, a la altura de la avenida Industrial Reynosa. Los manifestantes colocaron objetos como madera y llantas para obstaculizar el tránsito vehicular y exigir que se les permitiera permanecer en sus hogares.
Elementos de la Policía Investigadora lograron ingresar al terreno, donde se encontraban construcciones de concreto, madera y lámina. En medio de gritos, consignas y lanzamientos de piedras, los residentes trataron de frenar el derribo de sus casas, sin éxito.
Una de las afectadas, identificada como Bernarda, expresó su indignación por el desalojo, asegurando que nunca recibieron notificación previa. “No me dejaron sacar mi cama, apenas saqué algunas cosas. No sé dónde voy a vivir”, lamentó la mujer, visiblemente afectada.
La orden judicial fue emitida por Ariel de Luna, juez de control de la quinta región judicial, quien el 29 de marzo de 2001 resolvió que el terreno debía ser devuelto a Georgina Vázquez Pérez, reconocida como legítima propietaria. Las familias fueron notificadas con un plazo de 72 horas para retirar sus pertenencias antes de la demolición de los inmuebles.
El caso ha generado atención pública por el impacto social del desalojo y la falta de alternativas habitacionales para las familias afectadas, muchas de las cuales aseguran no tener otro lugar a dónde ir.