Despolitizar las herramientas contra el dinero de los criminales

A diferencia del caso de la delincuencia común, en el de la delincuencia organizada, el dinero no es solamente el producto del delito sino que además es uno de sus principales instrumentos. El dinero es la gasolina de la violencia y la corrupción de los grupos criminales. Les consigue recursos humanos, armas e impunidad.

Por ello, es seguro afirmar que hasta que no se despolitice la inteligencia financiera y la consecuente procuración de justicia, la batalla por pacificar el país seguirá siendo endeble en uno de sus pilares más importantes.

Uno de los signos de la administración federal pasada fue encargar las funciones más importantes a las personas que se percibían más leales dentro del régimen, sin importar si se trataba de tareas altamente técnicas.

El caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y su par dentro de la FGR no fue la excepción. Los medios nacionales daban periódicamente cuenta de cómo algún ministro de la Corte renunciaba por ahí, un magistrado del tribunal electoral cambiaba de criterio por allá o un opositor se cambiaba a militar en el partido en el poder tras intervenciones poco discretas y jurídicamente muy desaseadas de la UIF y la FGR.

También los medios internacionales dieron cuenta más de una vez del desconcierto de organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por el evidente uso político de las herramientas destinadas a la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, con la excepción notable del correspondiente engrane dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Hoy ratificado el titular de la UIF y con la continuidad del Fiscal de la República y sus subalternos, parece que la persecución del dinero de los delincuentes no está por ser la herramienta que les falta a los esfuerzos del gobierno federal para revertir el desastre que quedó tras la política de seguridad del presidente López Obrador.

A los anuncios cotidianos de detenciones importantes de líderes criminales que hasta hace poco parecían moverse a sus anchas les sigue haciendo falta, de manera muy ostensible, el anuncio del congelamiento y eventual decomiso de los multimillonarios recursos que las bandas utilizan para asesinar y corromper.

Si llegará o no pronto el anuncio del relevo institucional que permita articular la política de seguridad bajo criterios técnicos y de rigor jurídico, es una interrogante central en la pacificación del país a través del combate a la impunidad.

No se puede perder de vista tampoco, la relevancia estratégica en el contexto de las complejidades de la relación bilateral con los Estados Unidos, de golpear a las herramientas financieras de los criminales que reitero, son no solo el principal producto del delito sino que su instrumento más central.