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Diputados aprueban en lo general reforma a la Ley de Amparo con ajuste al artículo transitorio
Nación
Claudia Bolaños
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor y 131 en contra. La iniciativa, que fue enviada por el Senado, fue modificada en tres aspectos clave antes de su aval.
Entre los cambios principales se eliminó la obligación de que el juez verifique si el acto reclamado puede causar daños de difícil reparación, se redefinió el momento procesal en que los asuntos en trámite dejarán de resolverse con la ley anterior y se precisó que los permisos, concesiones o autorizaciones federales se considerarán derechos adquiridos, que no podrán ser revocados sin el debido procedimiento.
Durante la discusión, legisladores de oposición advirtieron que la reforma puede debilitar la protección de los derechos colectivos y el carácter social del amparo.
El bloque de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo defendió la medida como un paso hacia una justicia más eficiente y con mayor certeza jurídica.
Movimiento Ciudadano se sumó a los votos en contra, al considerar que la reforma abre la puerta a abusos del poder y limita los mecanismos de defensa ciudadana. Sus legisladores señalaron que el amparo es una herramienta esencial para frenar actos de autoridad y que cualquier restricción a su alcance representa un retroceso. Su coordinadora parlamentaria, Ivonne Ortega, dijo que la reforma parece servir más a la autoridad que a la ciudadanía.
El grupo parlamentario del PRI votó en contra de la reforma a la Ley de Amparo al considerar que representa un retroceso para la democracia y los derechos humanos en México. Su coordinador, Rubén Moreira Valdez, afirmó que esta iniciativa “nace del poder que busca eliminar contrapesos y acallar la crítica”, por lo que constituye “un paso más hacia la dictadura”. Desde tribuna, advirtió que la propuesta debilita la libertad y el Estado de derecho, además de vulnerar el principio de presunción de inocencia.
Durante el debate, los diputados Emilio Suárez Licona y Jericó Abramo Masso coincidieron en que la reforma afecta la certeza jurídica del país, desalienta la inversión y deja en indefensión a las micro, pequeñas y medianas empresas. También señalaron que se trata de una medida impuesta sin reflexión ni consenso, mientras que Alejandro Domínguez denunció irregularidades en el proceso legislativo y la exclusión de la participación ciudadana.
El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi, afirmó que la reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos, al eliminar conceptos fundamentales que permiten ejercer este recurso de manera plena. Señaló que con los cambios propuestos se limita el interés legítimo, lo que impide que las personas puedan defenderse colectivamente ante abusos de autoridad, y se restringe la suspensión del acto reclamado, herramienta que evita daños irreparables mientras se resuelve un juicio. Lixa ejemplificó que con estas modificaciones, comunidades como las mayas de Hopelchén, que en su momento lograron detener el uso de pesticidas dañinos para el medio ambiente y la apicultura, quedarían sin posibilidad de defensa ante decisiones arbitrarias del gobierno o de grandes corporaciones.
El legislador advirtió que la reforma “protege a los poderosos y a las transnacionales” al tiempo que debilita el derecho de los ciudadanos.
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CA/CR
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