La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la cual se endurecen de manera histórica las penas para este delito en todo el país.
La reforma establece sanciones de entre 15 y 25 años de prisión en su modalidad base y hasta 42 años cuando se configuran los agravantes previstos, además de multas que van de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna afirmó que con esta legislación se logró elevar de forma significativa las penas en contra de quienes durante años han afectado a familias, productores y comerciantes mediante amenazas y abusos.
Señaló que la norma era una demanda urgente ante el crecimiento de este delito y que ahora el Estado contará con herramientas más firmes para proteger a la ciudadanía.
De acuerdo con el legislador, las penas quedan distribuidas de la siguiente manera: de 15 a 25 años para la extorsión genérica; hasta 33 años cuando las víctimas sean ganaderos, campesinos, pescadores o personas dedicadas a actividades agrícolas o comerciales, así como para quienes utilicen el sistema financiero para mover recursos obtenidos por extorsión; hasta 37 años cuando las víctimas sean migrantes, menores de edad, mujeres embarazadas o adultos mayores, o cuando se utilice información privada o se simule la privación de la libertad de una persona; y hasta 42 años cuando se emplee violencia física, armas, se usurpe la identidad de integrantes del crimen organizado o se afecte la economía de una comunidad.
Gutiérrez Luna aseguró que esta ley responde a miles de personas que viven con miedo o han sido violentadas y destacó que la reforma dignifica y protege a sectores productivos e integrantes de comunidades que históricamente han sido víctimas de este delito. Reafirmó también su compromiso de impulsar reformas que fortalezcan la procuración de justicia.
Durante la discusión, se destacó que la minuta regresó con modificaciones del Senado, entre ellas el retiro de una propuesta para reducir penas a funcionarios procesados por extorsión. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que aceptará los cambios y subrayó la dinámica bicameral como un ejercicio de control y revisión legislativa. La nueva ley establece que la extorsión se investigue de oficio y contempla agravantes como el cobro de piso, la extorsión contra migrantes y adultos mayores, el uso de violencia, armas o accidentes intencionales utilizados para intimidar.
Después de más de tres horas de debate, el dictamen fue aprobado por 460 votos a favor y enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.