La Cámara de Diputados aprobó este martes los ajustes realizados por el Senado a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que la reforma quedó lista para ser enviada al Ejecutivo y entrar en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la sesión, los legisladores respaldaron el incremento de penas para quienes cometan este delito. Con los cambios avalados, la sanción mínima pasa a 15 años de prisión y la máxima a 25 años para el tipo penal básico, cifras superiores a las planteadas en la versión que originalmente había salido de San Lázaro.
El marco legal también prevé castigos más severos cuando exista algún agravante, como la participación de organizaciones delictivas, el uso de violencia, la comisión desde centros penitenciarios o las modalidades conocidas como montachoques y montadeudas. En estos casos, las penas pueden alcanzar hasta 42 años de cárcel.
Otro punto relevante es la responsabilidad de funcionarios de seguridad y personal penitenciario, quienes enfrentarán entre 10 y 20 años de prisión si no denuncian actos de extorsión de los que tengan conocimiento. Este ajuste revierte la reducción de penas que la propia Cámara había planteado semanas atrás.
Con estas disposiciones, la ley permitirá perseguir la extorsión de oficio y establecer criterios homogéneos en todo el país, además de reforzar la protección a personas afectadas por este delito.
Durante la discusión, legisladores de diversas fuerzas políticas señalaron que homologar las sanciones evitará que personas condenadas en entidades con castigos más altos busquen beneficios legales en otras jurisdicciones. En tanto, representantes de la mayoría parlamentaria sostuvieron que el proceso bicameral permitió corregir y fortalecer la norma, aunque admitieron que el incremento de penas debe ir acompañado de una estrategia más amplia para reducir la incidencia delictiva.