Dudas y certezas respecto al INAI

Columnas miércoles 28 de agosto de 2024 -

La propuesta presidencial remitida el pasado 5 de febrero a la Cámara de Diputados sobre la reforma a los artículos constitucionales de transparencia y protección de datos personales ha generado una gran incertidumbre sobre el futuro de organismos autónomos, como el Instituto de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los organismos garantes en la materia de los estados de la República.

Es importante señalar que el proceso legislativo en el caso de una reforma de carácter constitucional, primero deber ser presentada, en este caso por el presidente de la República, posteriormente ser aprobada en la Comisión de la cámara de origen que presenta la propuesta, es decir, la Cámara de Diputados. Después, deberá ser votada ante el Pleno de la Cámara, la cual necesita dos terceras partes de la votación presente para poderse aprobar. Consecutivamente, en caso de ser aprobada, será remitida al Senado de la República, cámara revisora, quien nuevamente inicia con su propio desarrollo legislativo dentro de la misma, sin contemplar que, en dado caso de ser aprobada, tendría que ser circulada entre los congresos estatales, por lo que estamos ante un proceso largo de discusión y análisis de las reformas propuestas.

Ahora bien, el pasado viernes 23 de agosto, los diputados de la LXV Legislatura aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen que avala la desaparición del INAI al señalar que sus atribuciones serán trasladadas a la Secretaría de la Función Pública; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; y a las contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia.

En el caso específico de los de los órganos garantes de transparencia y protección de datos personales en los estados como lo son el INFO CDMX (en la Ciudad de México), el INFOEM (en el Estado de México) o el ITEI (en Jalisco), por mencionar algunos, sus funciones serán trasladadas a las contralorías o áreas homólogas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La propuesta legislativa genera más dudas que certezas respecto a múltiples situaciones: en primer lugar, la debida garantía que deben tener los derechos humanos, como lo son el de protección de los datos personales y del acceso a la información (debemos recordar que este último fue un derecho que se consolidó en nuestro país gracias a la articulación de la sociedad civil en el llamado “Grupo Oaxaca”, allá en los inicios del año 2000); en segundo lugar, lo concerniente a los asuntos en trámite, el cierre de los mismos y los archivos; en tercer lugar, la garantía de dichos derechos durante el plazo de la extinción de los mismos; en cuarto lugar, la propuesta de que un tiempo récord de 90 días, el Congreso realice las adecuaciones necesarias al marco normativo y así cumplir con esta reforma .

Los cambios en las administraciones públicas deberían ser motivo de certeza, mejora y progresividad en la búsqueda de una sociedad más democrática y con un alto sentido de garantía hacia los derechos humanos; por ello, las y los legisladores que debatirán en este tema, tendrían que considerar realizar reformas con mayor precisión y tomar en cuenta las voces de las personas expertas que participaron en los foros abiertos, contar con proyectos que den certidumbre en cuanto a las leyes secundarias, la consolidación de la transparencia proactiva, contar con medidas de apremio y sustanciación emanadas de los propios órganos garantes en la materia, así como la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y de los particulares con un enfoque que nos permita dar respuesta al mundo hiperglobalizado y conectado a las tecnologías de la información, redes sociales y la inteligencia artificial.

Sin duda, los retos que contempla este proyecto de reforma se podrían convertir en uno de los cambios más polémicos en el esquema de la administración pública mexicana, mismos que deberán ser documentados y analizados para evaluar si las finalidades con la que están siendo propuestas, en verdad cumplen con su cometido.

Vania Lozano Medina. Politóloga por la UNAM @vanzulit_1

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