Jaime Arturo Ruiz | @
jaimeruizmxjaime@primermovimiento.com
- Más del 85% de las empresas de seguridad que operan en el país lo hacen de manera irregular, poniendo en riesgo a la ciudadanía y a sus propios clientes.
- El reciente caso de personas vinculadas a proceso por el traslado irregular de 37 millones de pesos en una camioneta blindada en el Estado de México volvió a encender las alertas sobre la operación de la industria de la seguridad privada en el país y la necesidad urgente de cumplir con el marco normativo vigente.
- El incidente no es un hecho aislado. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), más del 85% de las empresas de seguridad privada en México operan de forma irregular, ya sea sin permisos vigentes, con personal no registrado, equipamiento fuera de norma o sin protocolos operativos autorizados. Esta realidad representa un riesgo directo para la seguridad pública y abre la puerta a responsabilidades administrativas, penales y civiles de gran calado.
Un marco legal estricto, pero poco observado
La Ley Federal de Seguridad Privada establece con claridad que las empresas del sector deben contar con autorizaciones vigentes, registrar ante las autoridades a todo su personal —operativo, administrativo y directivo—, así como inscribir el armamento, vehículos, equipo y uniformes utilizados en la prestación de los servicios.
Además, exige protocolos operativos documentados y capacitación constante, especialmente en actividades de alto riesgo como el traslado de valores.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas económicas, revocación de permisos, suspensión de operaciones e incluso responsabilidad penal y civil para representantes legales y directivos, sin dejar de lado el impacto reputacional que, en muchos casos, resulta irreversible.
> “Cumplir con la normatividad en materia de seguridad privada no es solo una obligación legal; es una condición indispensable para operar con certeza jurídica. Hacer las cosas bien protege a las empresas, a sus clientes y al propio sector de riesgos con consecuencias administrativas, penales, civiles y reputacionales graves”, señaló Teodoro Serralde, socio director de Serralde Consultores Jurídicos.
Un sector fragmentado y con vacíos de supervisión
Actualmente, en México operan miles de empresas de seguridad privada bajo esquemas de autorización federal y estatal, lo que genera una alta fragmentación regulatoria. Esta situación dificulta la supervisión efectiva y crea vacíos que pueden ser aprovechados para prácticas irregulares o incluso actividades ilícitas.
Especialistas coinciden en que el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y el cumplimiento normativo permanente son indispensables para evitar episodios como el ocurrido a finales del año pasado, donde la falta de permisos y registros adecuados derivó en consecuencias penales para los involucrados.
Recomendaciones clave para evitar riesgos legales
Ante este panorama, Serralde Consultores Jurídicos recomienda a las empresas de seguridad privada adoptar una estrategia integral de cumplimiento regulatorio que incluya, entre otras medidas:
Verificar de manera permanente que los permisos y autorizaciones se encuentren vigentes ante las autoridades competentes.
Registrar ante las autoridades reguladoras a todo el personal operativo, administrativo y directivo.
Inscribir todo el equipo, armamento, vehículos y uniformes utilizados en los servicios autorizados.
Capacitar de forma continua al personal operativo en cumplimiento legal y regulatorio.
Acreditar ante las autoridades la capacitación en marco jurídico, derechos humanos y adiestramiento en armas y equipo.
Implementar controles internos y auditorías de cumplimiento, especialmente en servicios de traslado de valores.
Documentar y supervisar los protocolos operativos para garantizar trazabilidad y transparencia.
Asesorarse con abogados especializados en cumplimiento regulatorio y evitar depender de simples “gestores”.
Cumplir no es solo tener un permiso
Expertos subrayan que el cumplimiento normativo no se limita a la obtención del permiso inicial, sino que implica el seguimiento puntual y permanente de todas las obligaciones previstas en la legislación especial. Solo así, en caso de incidentes, las empresas pueden acreditar ante autoridades regulatorias o juzgadores que actuaron conforme a derecho.
En un entorno cada vez más vigilado por las autoridades, el cumplimiento regulatorio se consolida como un pilar fundamental para la profesionalización, la confianza del mercado y la legitimidad de la industria de la seguridad privada en México. Ignorar esta realidad no solo expone a las empresas a sanciones severas, sino que compromete la seguridad de la ciudadanía y la viabilidad misma del sector.