El Convenio de Estocolmo, letra muerta en México.

Es imperdonable que los gobiernos federales de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador hayan omitido la difusión y cumplimiento de los objetivos del Convenio de Estocolmo, a los que está obligado nuestro país, desde su firma en 2001 y su ratificación en 2004.

En virtud de que nuestros productores agrícolas jamás han sido convocados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se encuentra el punto focal de nuestro país ante los Convenios Globales. Me refiero a la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, cuyo titular actualmente es Arturo Gavilán García, a quien por supuesto no le importa llevar a cabo los objetivos que señala el Convenio de Estocolmo. Específicamente señalo la obligación de eliminar y reducir las emisiones de dioxinas y furanos (que son las sustancias más tóxicas conocidas como compuestos orgánicos persistentes no intencionales, COPNIs) señalada en el Plan Nacional de Implementación del Convenio de Estocolmo, página 200 numeral 4.2 que dice “Reducción o eliminación de la liberación de COPNI por la quema de residuos domésticos, incendios en vertederos y el uso de fuego en agricultura”.

El absurdo llega al grado de tener una norma oficial mexicana: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-015-SEMARNAT/SADER-2022, “Que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales, temporalmente forestales, preferentemente forestales, en los terrenos de uso agropecuario y colindantes” donde la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales institucionalizan la destrucción del suelo agrícola y generación de dioxinas y furanos por la quema de esta biomasa, con los objetivos de “eliminar residuos de cosechas anteriores, propiciar el rebrote de pasto cultivado, facilitar labores de cosecha caña de azúcar, controlar plagas y parásitos, eliminar arbustos y herbáceas que compiten con pastos, eliminar vegetación, previo a las actividades de siembra, controlar maleza”.

Esta criminal quema de residuos de la producción agrícola genera cantidades exorbitantes de dioxinas y furanos que afectan extraordinaria e irreversiblemente la salud de los mexicanos, de la biota animal y vegetal. Además reducen la actividad biológica del suelo agrícola al liquidar millones de microorganismos.

*Carlos Alvarez Flores, Presidente de México, Comunicación y Ambiente, A.C.

Experto en Gestión de Residuos y Cambio Climático

www.carlosalvarezflores.com y Twitter @calvarezflores