@onelortiz
https://youtu.be/Xs29oTRWgtE?si=Ok515-U0eop0mnGL
Terminó el periodo extraordinario del Congreso de la Unión en lo que podríamos llamar el periodo de la obsesión. Se aprobó una reforma necesaria para salvar a la reforma judicial de sí misma, la cual consistió en postergar la segunda parte de dicho proceso para 2028. Se aprobó una reforma a la Constitución inoperante, por carecer de ley reglamentaria, para anular elecciones en caso de injerencia extranjera. Asimismo, se aprobó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE cree una comisión que revise los perfiles de los candidatos y sus posibles vínculos con el crimen organizado, lo cual es una simple llamada a misa.
Empalmar la elección federal intermedia con la renovación de 17 gubernaturas, de otro tanto de congresos locales y de miles de presidencias municipales era un disparate. La presidenta entró en razón y envió una iniciativa para diferir la elección y otros puntos para mejorar la organización de ésta. Bien por ella.
Sin embargo, dejó abierta la puerta para empalmar un posible proceso de revocación de mandato con la segunda parte de la elección judicial. En la Consejería Jurídica de la Presidencia siguen sin entender que se trata de procesos diferentes.
Lo más preocupante, como lo denunció en tribuna Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, fue la modificación mediante la cual los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puedan participar en dicho proceso. Nadie ha hecho tanto daño a la democracia como los actuales magistrados electorales.
Incluir como causal de nulidad la injerencia extranjera, aunque muy rentable en el discurso político, no pertenece a la esfera electoral, sino a un asunto de seguridad nacional. El despropósito fue tal que el propio autor de la iniciativa, Ricardo Monreal, primero modificó, a través de una reserva, su propia redacción para ganar claridad y después no sometió al Pleno la ley reglamentaria correspondiente, con lo cual dicha reforma se vuelve inaplicable. Lo cual, al final de cuentas, es lo mejor que le podía pasar.
Todos estamos a favor de impedir que el narco se involucre en los procesos electorales. El problema es saber cómo evitarlo. Y lo primero que hay que tener claro en este tema es que se trata de un asunto de seguridad, no de un problema electoral; es decir, el INE y el Tribunal Electoral no tienen vela en este asunto, tal como lo expresó el propio INE. La creación de dicha comisión es poco menos que un llamado a misa.
En suma, este periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión aprobó una modificación necesaria y lanzó dos estruendosos petardos.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.