Hay una pregunta que durante décadas dejó de formar parte del debate público mexicano: ¿nuestros hijos vivirán mejor que nosotros? Durante buena parte del siglo XX la respuesta parecía obvia. No porque México fuera un país sin desigualdades, nunca lo fue, sino porque existía una percepción compartida de que el trabajo, la educación y el esfuerzo podían abrir la puerta a una vida mejor. A esa posibilidad se le conoce como movilidad social.
Entre las décadas de 1950 y 1970, en el periodo conocido como el desarrollo estabilizador, millones de familias experimentaron ese ascenso. Hijos de campesinos llegaron a la universidad; obreros compraron una casa; empleados públicos construyeron un patrimonio. La expansión educativa, la industrialización y un Estado con mayor capacidad de inversión permitieron que amplios sectores mejoraran sus condiciones de vida respecto de la generación anterior.
Las crisis económicas de los años ochenta cambiaron el rumbo. México emprendió un proceso de apertura comercial, privatizaciones, disciplina fiscal y reducción del papel del Estado. Aquellas decisiones respondieron a un contexto financiero complejo y estabilizaron variables macroeconómicas, pero no lograron traducirse en mayores oportunidades para millones de personas. Con el paso de los años, el crecimiento económico fue insuficiente, la informalidad laboral aumentó y el origen familiar volvió a pesar demasiado sobre el destino de las nuevas generaciones.
No se trata únicamente de una apreciación política. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) documentó que, después de 1982, las oportunidades de acceder a ocupaciones profesionales disminuyeron de manera importante para quienes provenían de los hogares con menores ingresos. Más recientemente, ese mismo organismo ha advertido que México mantiene una movilidad educativa y ocupacional relativamente dinámica, pero una movilidad económica mucho más limitada. Es decir, estudiar más ya no garantiza mejorar el ingreso ni romper el ciclo de desigualdad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha llegado a una conclusión semejante. En su estudio A Broken Social Elevator?, estimó que, al ritmo actual, una familia mexicana podría tardar alrededor de cinco generaciones en alcanzar el ingreso promedio de su país si parte de los estratos de menores recursos. Cinco generaciones. El ascensor social no desapareció, pero comenzó a moverse con una lentitud desesperante.
Por eso resulta interesante observar el cambio de enfoque que empieza a perfilarse en las políticas públicas de la Cuarta Transformación. En la Ciudad de México esa visión puede observarse con claridad. En los últimos días, decenas de miles de jóvenes acudieron a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca para recibir la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Quien observe únicamente el monto del apoyo difícilmente entenderá su alcance. El verdadero valor del programa está en lo que evita: que un estudiante abandone la universidad porque ya no pudo pagar el transporte; que deje de asistir a clases porque no tuvo para comer durante la jornada; que renuncie a una oportunidad por no poder mantener un teléfono con saldo o comprar materiales escolares.
Esos gastos parecen pequeños desde la comodidad de una oficina. Para miles de familias representan la diferencia entre terminar una carrera o abandonar un proyecto de vida. La movilidad social no suele construirse con decisiones espectaculares; se edifica eliminando obstáculos cotidianos que frenan el talento antes de que tenga oportunidad de desarrollarse.
Los programas sociales no deberían evaluarse únicamente por el número de beneficiarios o por el presupuesto que ejercen. Su verdadero éxito consistirá en responder una pregunta mucho más importante dentro de algunos años: ¿los hijos de quienes hoy reciben estos apoyos vivirán mejor que sus padres? Estoy seguro que sí.
*Especialista en Ciencia Política y Gobierno.
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