El tortuoso camino a la transición en la CDMX

Fabiola Sierra

El 7 de junio, la Ciudad de México amaneció con una nueva configuración política: Morena gobernaba once alcaldías y despertó con sólo siete. Los capitalinos votaron por un cambio, que representa una terrible derrota para el partido en el que es considerado el bastión político del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reconocer que la oposición le arrebató a Morerena seis de las once alcaldías que habían ganado en la elección de 2018, no ha sido fácil ni para el Presidente ni para la Jefa de Gobierno, quienes siguen atribuyendo los malos resultados a la “guerra sucia” y la “campaña de desprestigio” que los medios de comunicación operaron en su contra, sin ser hábiles una vez más, de identificar que un sector importante de los votantes está decepcionado de los resultados del gobierno y que, su capacidad de operación, no fue suficiente.

Y ante estos nuevos cambios, lo último que esperaríamos por parte de los Alcaldes salientes, y que en su mayoría pertenecen a un partido que pregona estar a favor de la transparencia, sería que tomarán una actitud mezquina y, como es el caso, evadir lo que establece el artículo 17 de la Ley de Entrega Recepción de los recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, que el “proceso de entrega recepción deberá principiar desde que la autoridad entrante del órgano de la administración pública respectiva de la Ciudad de México haya sido legalmente reconocida”, esto es, a partir de que el Titular de la Alcaldía electo reciba su constancia de mayoría por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Este proceso de entrega recepción se realiza a través de la Comisión de Transición, que es la encargada de iniciar, de forma ordenada y calendarizada, la transferencia de los documentos e informes, a efecto de dar conocer a los titulares de las Alcaldías el estado en que se encuentran los recursos humanos, materiales y financieros, así como los programas, proyectos, presupuestos, inmuebles, obras públicas y adquisiciones, asuntos en trámite y jurisdiccionales, auditorías y demás asuntos tramitados durante la gestión pública de la Administración Saliente.

El 11 de junio pasado, la Contraloría de la ciudad publicó en la Gaceta Oficial los lineamientos para la integración de las comisiones de transición en las alcaldías, refiriendo en el artículo cuarto que, al recibir la constancia de mayoría, los alcaldes electos podrían integrar su comisión de transición. Sin embargó, la misma Contraloría modificó esos lineamientos el 7 de julio, quitando la facultad de comenzar los trabajos y estipulando que la transición podrá comenzar hasta el 1 de septiembre, un mes antes de la toma de posesión de los nuevos alcaldes.

Para la transición de las alcaldías en este 2021, sin una razón justificable, la jefa de Gobierno instruyó que los equipos de entrega recepción comiencen a trabajar hasta el 1 de septiembre, y finalicen el 1 de octubre, sin considerar que un mes no es suficiente para conocer a fondo el estado en que dejan las demarcaciones, pues cada alcaldía tiene más de 2,000 trabajadores, ocho direcciones generales y asuntos pendientes en seguridad y obra pública.

La falta de compromiso para realizar este importante proceso conforme a la Ley, manda una muy mala señal que obstaculiza a los alcades entrantes un arranque eficiente en sus funciones ¿Será que la Jefa de Gobierno intenta ponerle piedras en el camino de los alcaldes de oposición para adjudicarles los malos resultados que pudieran tener?