Las mujeres en México están muriendo a un ritmo aterrador. En 2022 tuvieron lugar más de 1,000 feminicidios, lo que no incluye a todas las mujeres muertas de forma violenta, más de 3,000.
Expertos y defensores de los derechos humanos sostienen que la violencia de género puede atribuirse a un machismo cultural profundamente arraigado y a la desigualdad sistémica así como a un sistema plagado de problemas: policías que no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, investigaciones torpes y fiscales y jueces que revictimizan a las mujeres.
En este universo de crímenes contra las mujeres, el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa ha sido emblemático porque puso al descubierto todas las fallas que existen en los procesos de investigación, que no se inician ni se corrigen a menos de que exista presión social; son cientos las mujeres asesinadas a quienes la justicia no les llega.
En el caso de Debanhi, durante más de ocho meses se realizaron tres dictámenes forenses, una exhumación, decenas de cateos, cientos de entrevistas a posibles testigos; se han revisado cientos de horas de video. Se dijo, al inicio, que la joven había caído accidentalmente a la cisterna donde fue hallada y luego que murió por asfixia mecánica.
Como miles de mujeres asesinadas en México, Debanhi ha sido revictimizada. Las investigaciones fueron iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y luego la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso ante la insistencia de sus padres y el clamor ciudadano que exige justicia al Estado y no juzgar cómo vestía ni dónde estaba la víctima.
Al final, las discrepancias en este caso precipitaron la renuncia del fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.
Pese a todo, aún no está claro qué le sucedió a Debanhi, hasta hoy no hay un solo detenido. De acuerdo con la asociación Impunidad Cero, el delito de feminicidio en México tiene un grado de impunidad de 56.6%.
Imagen: Cuartoscuro