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En la mira secretarías de Transporte y de Seguridad por borrar más de 114 mil multas en Jalisco
Nación
Claudia Bolaños
La Contraloría del Estado de Jalisco integra las carpetas de investigación para sustentar las demandas ante la Fiscalía Anticorrupción del estado contra los responsables de eliminar irregularmente 114,323 multas vehiculares, lo que representó una pérdida de 106 millones de pesos para el estado.
Aunque las denuncias iniciales apuntan a la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transporte encabezada por Diego Monraz Villaseñor, es la responsable de administrar y supervisar el sistema de sanciones viales, lo que la coloca en el centro del escándalo.
La Contralora del Estado de Jalisco, Teresa Brito Serrano, reveló que son cuatro los servidores públicos que hasta ahora se han detectado como los presuntos responsables de los actos de borrar multas en la administración estatal.
Una auditoría de la Contraloría del Estado reveló que entre enero y septiembre de 2023 se eliminaron irregularmente 114,323 multas vehiculares, lo que representó una pérdida de 106 millones de pesos para el estado.
Estas sanciones fueron canceladas sin justificación legal mediante un mecanismo distinto al juicio de nulidad, lo que sugiere un esquema sistemático para beneficiar a particulares y transportistas.
En días pasados, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus aseveró que los servidores públicos involucrados en este presunto acto de corrupción serán sancionados por la vía administrativa y hasta penal.
“Lo que le dije a la contralora (, Teresa Brito) es que tenía línea abierta en esto y en cualquier caso para su investigación”, expresó el mandatario estatal
A esto se suma una investigación federal por presunto almacenamiento ilegal de combustible.
En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 31,000 litros de diésel en el patio sur del Peribús en Tonalá, donde la empresa responsable no tenía permisos para operar el combustible.
La investigación se encuentra en la carpeta FED/JAL/GDL/0003480/2024, y aunque no se ha confirmado el origen ilícito del combustible, el caso ha puesto bajo la lupa a los concesionarios del Peribús y propietarios de empresas relacionadas con la venta de diésel, quienes han recibido más de 2,500 millones de pesos en subsidios estatales.
La Secretaría de Transporte, a cargo de Monraz, es la encargada de supervisar a estos concesionarios, lo que genera dudas sobre la falta de control en sus operaciones.
Monraz ha logrado mantenerse en el cargo durante dos administraciones y fue ratificado en la actual gestión por el gobernador de Pablo Lemus. lo que sugiere un blindaje político.
Sin embargo, la combinación de la eliminación masiva de multas y la investigación por huachicol podría poner en riesgo su continuidad al frente de la Secretaría.
Hasta ahora, no hay responsables sancionados ni medidas correctivas anunciadas. El gobierno de Jalisco enfrenta la presión de esclarecer estos casos y demostrar que no existe impunidad en el manejo de sanciones y recursos públicos dentro del sector transporte.
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JM/CR
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