Por Daniela Méndez
Eleazar Aguirre Anaya, especialista del Instituto Politécnico Nacional (IPN), afirmó que “la ciberdelincuencia encontró un nuevo flanco de ataque para el robo de información mediante las plataformas para videoconferencias, cuya utilización se intensificó de manera exponencial en todo el mundo ante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y, por ello, es necesario que instituciones y empresas generen políticas y procedimientos de seguridad, a efecto de que sean más seguras y menos vulnerables”.
El Jefe del Laboratorio de Ciberseguridad, reconoció que “en el pasado las videoconferencias tenían la atención de la ciberdelincuencia, pero no en la misma proporción de la que ha puesto a partir del incremento del universo de usuarios de estas plataformas. Se han convertido en un objetivo más de estos grupos por la alta probabilidad de obtener algún beneficio”.
Eleazar Aguirre, explicó que “por la forma acelerada en la que se propagó el COVID-19 en todo el mundo, la mayor parte de las instituciones, empresas u organizaciones se vieron obligadas a utilizar plataformas de videoconferencias para dar continuidad a sus labores, pero no previeron conformar o fortalecer sus políticas de seguridad que permitieran blindar con procedimientos específicos el uso de estas aplicaciones”.
Los responsables de que una videoconferencia no sea vulnerada son tres actores, las empresas responsables de desarrollar software seguro, el equipo de seguridad de la empresa que define las políticas de seguridad y, por último, los usuarios de los productos, quienes deben obedecer las políticas y procedimientos de seguridad.
Finalmente, Aguirre Anaya, expresó que “para la selección de una plataforma se debe considerar que se garantice que las actualizaciones de seguridad, creadas por los desarrolladores de software, no tengan retrasos”.
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