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Escándalos de corrupción en la DEA revelan vínculos con narcotráfico y abusos internos
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La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) enfrenta una crisis de credibilidad tras revelarse múltiples casos de corrupción y complicidad con el narcotráfico dentro de sus propias filas. Documentos obtenidos en 2024 por The Associated Press expusieron una cultura de excesos y operaciones ilícitas que involucraron a agentes en distintos países.
Uno de los casos más notorios fue el del agente José Irizarry, condenado a 12 años de prisión en 2020 tras confesar que colaboró con cárteles colombianos para lavar dinero y desviar millones de dólares de bienes confiscados. Irizarry aseguró que varios colegas participaron en su esquema, conocido como “Equipo América”, extendido por tres continentes.
Otro episodio involucró a Paul Campo, exagente de alto nivel, y a su asociado Robert Sensi, acusados de narcoterrorismo y lavado de dinero por colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según la acusación, ambos lavaron millones de dólares, convirtieron efectivo en criptomonedas y ofrecieron facilitar la compra de drones y armas de grado militar para el grupo criminal.
Los reportes también documentaron conductas indebidas entre agentes, como fiestas sexuales financiadas por cárteles colombianos en 2015, chats internos con referencias a abusos sexuales y casos de protección a narcotraficantes por parte de funcionarios de la agencia. Entre ellos destacan George Zoumberos, acusado en España de agresión sexual, y Joseph Bongiovanni, sentenciado a cinco años de prisión por encubrir a traficantes en Nueva York.
La corrupción alcanzó incluso a abogados vinculados con la DEA, como David Macey, acusado de sobornar a exsupervisores para obtener información confidencial que ponía en riesgo investigaciones.
En medio de este contexto, el juez federal Alvin K. Hellerstein en Nueva York acusó en enero de 2026 al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, aunque sin presentar pruebas. El caso se agravó tras el secuestro del mandatario en una operación ilegal atribuida al Pentágono.
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JM/CR
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