Claudia Bolaños
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en la que se revisaron diversas disposiciones de la Ley de Justicia Cívica de esa entidad.
Durante el análisis, uno de los puntos centrales fue la aplicación de evaluaciones psicosociales a personas detenidas o sujetas a los juzgados cívicos. En este contexto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa se pronunció a favor de permitir dichas evaluaciones, siempre y cuando se lleven a cabo con el consentimiento informado de las personas involucradas.
Esquivel Mossa votó en contra de invalidar los artículos impugnados y argumentó que la normativa no establece que las evaluaciones sean obligatorias o que se realicen sin autorización. Consideró que es posible interpretar la ley en el sentido de que las personas deben dar su consentimiento previo y por escrito para someterse a este tipo de pruebas.
La ministra destacó que estos mecanismos pueden canalizarse hacia programas de apoyo, terapias u otras medidas encaminadas al mejoramiento de la convivencia cotidiana, siempre que se respete la decisión libre de los ciudadanos.