Por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se celebró una reunión entre el Gabinete Estatal, asesores y la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Estado de Chihuahua para dar seguimiento a la situación en el municipio de Guadalupe y Calvo. Durante la sesión, se revisaron las acciones implementadas por el Gobierno del Estado para atender a las personas en esta condición, con el objetivo de garantizar su protección, asistencia y acompañamiento, y así salvaguardar su integridad. Este encuentro se enmarca en el plan integral de asistencia con enfoque diferenciado y pertinencia cultural, que busca responder de manera específica a las necesidades de las comunidades afectadas.
Entre las acciones destacadas que ha llevado a cabo la administración estatal se encuentran la entrega de alimentos e insumos básicos, entre ellos maíz, frijol, despensas, cobijas, colchonetas, literas, refrigeradores, sábanas, ropa, leche y pañales. De igual forma, se ha brindado atención médica mediante consultas, suministro de medicamentos, servicios odontológicos, aplicación de vacunas y vinculación con MediChihuahua, el programa estatal de salud. También se han entregado artículos de higiene personal para asegurar condiciones sanitarias adecuadas. A esto se suma la atención psicológica y asesoría jurídica, así como el acceso a servicios educativos, vinculación a bolsas de trabajo, apoyo para la obtención de documentos personales, gestión de alojamiento temporal y suministro de agua potable.
Además, se ha informado a las personas desplazadas sobre sus derechos, se ha ofrecido asistencia para el retorno seguro o la atención en destinos temporales, y se han proporcionado servicios de interpretación para garantizar una comunicación efectiva, especialmente en comunidades indígenas donde se hablan lenguas originarias. En materia de seguridad, se informó que entre 2021 y 2026 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) intensificó sus operaciones en la región, con resultados relevantes en el combate a la violencia. Durante ese periodo se logró la detención de 28 generadores de violencia y el aseguramiento de 41 armas largas, 21 mil 770 cartuchos útiles, 268 cargadores, 38 artefactos explosivos, además de la inhabilitación de 135 campamentos o parapetos utilizados por grupos delictivos.
Asimismo, se destruyeron 50.6 kilogramos de semilla de amapola y alrededor de 8 plantíos de enervantes, logrando destruir en ellos más de 472 mil plantas de marihuana y 36 mil plantas de amapola, en localidades como Baborigame, Las Ánimas, Cinco Llagas, El Ocote, El Arenal y San José de Turuachi. Como parte de estas acciones también se logró la detención de integrantes de organizaciones delictivas identificadas como La Línea, Gente del Mayo Flaco, Gente Nueva Salgueiro y El Guano. La reunión contó con la participación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto; y el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo.
También estuvieron presentes el coordinador de Comunicación Social, José Luis Martínez; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, Norma Ledezma; la subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Sahara Cárdenas; así como los asesores Diódoro Carrasco Altamirano y Ernesto Cordero Arroyo. El Gobierno del Estado refrenda su compromiso de proteger a las familias afectadas, fortalecer la presencia institucional en la Sierra Tarahumara y mantener la coordinación con las autoridades federales para restablecer las condiciones de seguridad y garantizar el respeto a los derechos humanos de la población. Con estas acciones, la administración de Maru Campos busca no solo atender la emergencia humanitaria, sino también sentar las bases para una recuperación sostenible y pacífica en la región.