Exfuncionario de San Miguel de Allende vinculado a proceso por fraude inmobiliario

Abelardo Quero Inzunza, quien fue director de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial durante la administración municipal de San Miguel de Allende entre 2018 y 2021, ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude inmobiliario, según informaron fuentes policiacas y del gobierno local. La acusación, que se centra en el delito de abuso de autoridad, fue formalizada por el Juzgado de Oralidad Penal del Poder Judicial del Estado de Guanajuato en la causa penal 1P3424-120, a solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y los Asesores Jurídicos del ayuntamiento.

El exfuncionario está acusado de haber emitido un dictamen de desafectación y permuta de manera ilegal, el cual fue presentado ante el pleno del ayuntamiento por el entonces presidente municipal, Luis Alberto Villarreal García. Este dictamen, aprobado de manera irregular por siete miembros del ayuntamiento a tan solo una semana de concluir su mandato, autorizó la permuta de un valioso predio municipal en el fraccionamiento Las Ventanas, ubicado en la carretera a Dolores Hidalgo.

El predio en cuestión, valuado en más de 88 millones de pesos, fue intercambiado por 11 lotes de un fraccionamiento conocido como BADESA, que no contaba con permisos de venta y cuyo valor total ascendía a apenas 9 millones 600 mil pesos. Esta permuta, que resultó en un significativo perjuicio para la sociedad de San Miguel de Allende, es la base de las acusaciones que ahora enfrenta Quero Inzunza.

Como resultado de estos hechos, el exfuncionario ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, que conlleva una posible pena de dos a ocho años de prisión. La jueza de Control que lleva el caso ha establecido un plazo de tres meses para que se cierre la investigación complementaria, durante la cual el actual gobierno municipal buscará que se resarza el daño al patrimonio de los ciudadanos de San Miguel de Allende.

Esta vinculación a proceso es una de las primeras resoluciones en torno a las 31 denuncias penales presentadas en 2022 por el actual gobierno municipal, relacionadas con presuntos fraudes inmobiliarios que ocasionaron un daño patrimonial estimado en más de 138 millones de pesos. Dichas denuncias fueron interpuestas contra quien resulte responsable por la entrega de varios predios de alta plusvalía a particulares a cambio de terrenos ejidales en áreas sin desarrollo urbano.