La explosión de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, la mañana del sábado, desató críticas por parte de legisladores del PAN y del PRI, quienes exigieron al Gobierno federal y estatal asumir responsabilidad frente al incremento de la violencia.
El ataque, ocurrido frente a la sede de la Policía Comunitaria, dejó un saldo preliminar de un muerto en el lugar, dos fallecidos más en un hospital regional y seis personas lesionadas, según informó la Fiscalía General de la República.
La diputada panista Noemí Luna lamentó la escalada de agresiones y advirtió que no se debe normalizar el uso de artefactos explosivos como herramienta del crimen organizado. Señaló que este tipo de hechos refleja la gravedad de la situación en Michoacán y consideró urgente que las autoridades federales y estatales refuercen la estrategia de seguridad para proteger a la población.
A las críticas se sumó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien a través de sus redes sociales afirmó que el crimen organizado “demuestra quién manda en los narcogobiernos de Morena”.
Señaló que la violencia es resultado de la ausencia de estrategia y acusó al Gobierno federal de haber permitido la expansión de los grupos criminales. Aseguró que el país atraviesa una situación de miedo y abandono y sostuvo que recuperar la seguridad requiere “firmeza y resultados”.
El diputado priista Guillermo Valencia también se pronunció sobre el ataque.
Cuestionó que el gobernador de Michoacán no se encontrara en la zona atendiendo a las víctimas y afirmó que en la entidad “no hay nada que celebrar”, en referencia a los actos públicos por los siete años de la 4T.
Consideró que la administración estatal transita “de tragedia en tragedia” pese a su estrategia denominada Plan Michoacán.
La Fiscalía General de la República informó que abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada. Indicó que en el lugar trabajan peritos especializados en explosivos, criminalística, medicina forense y telecomunicaciones, además de elementos ministeriales.
La investigación está a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, que coordina acciones con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades estatales.
Tras la explosión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal reforzaron la vigilancia en accesos y puntos estratégicos de Coahuayana con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes.
La FGR señaló que continuará las diligencias para identificar y detener a los responsables del ataque.