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Expresidente colombiano Uribe pagará 12 años de prisión domiciliaria

Global viernes 01 de agosto de 2025 -

AFP

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, tras una histórica decisión de la justicia que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de libertad, informó una fuente cercana al caso.

El exmandatario derechista de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años, según un documento del veredicto filtrado por la prensa, y cuya autenticidad confirmó una fuente próxima a la contraparte bajo condición de anonimato.

Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha que cometieron numerosos crímenes contra civiles durante el conflicto armado.

El caso que llevó a su condena se remonta a más de una década y tiene sus raíces en una disputa legal con el senador Iván Cepeda, quien denunció los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. En lugar de enfrentar las acusaciones directamente, Uribe habría intentado desacreditar a Cepeda promoviendo testimonios falsos a su favor. La Corte Suprema de Justicia, que abrió una investigación formal en su contra en 2018, acumuló pruebas sobre intentos del exmandatario y su entorno de influir en declaraciones de testigos presos, incluyendo ofrecimientos económicos y beneficios judiciales.

La sentencia ha generado una fuerte polarización en la opinión pública colombiana. Mientras sus seguidores insisten en que se trata de una persecución política y han anunciado recursos legales para revertir la decisión, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han celebrado el fallo como un hito en la lucha contra la impunidad.

Pese a cumplir su condena en prisión domiciliaria, Álvaro Uribe enfrenta otros procesos judiciales pendientes relacionados con ejecuciones extrajudiciales y escuchas ilegales, lo que podría agravar su situación legal en los próximos años.

Esta resolución judicial representa un momento sin precedentes en la historia reciente de Colombia, pues ningún otro expresidente había sido llevado ante la justicia y condenado por actos relacionados con su ejercicio del poder.