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FGR procede penalmente contra médico por adquisición de sustancias ilegales
Nación
La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado acciones legales contra el anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, quien enfrenta una presunta responsabilidad en el delito contra la salud por adquirir ampolletas de fentanilo, morfina y efedrina sin autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Luego de llevar a cabo un cateo en el domicilio del médico, se encontraron ampolletas de las sustancias mencionadas, además de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC). En consecuencia, la FGR solicitó una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal La Paz, Baja California Sur, para imputar a Aguirre Castro por estos delitos.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la FGR, el anestesiólogo no contaba con el permiso requerido por la COFEPRIS para obtener recetarios especiales con código de barras para medicamentos controlados, como lo estipula la Ley General de Salud. La autoridad sanitaria determinó que el imputado había intentado tramitar estas recetas, pero se le negó por no cumplir con los requisitos necesarios.
Según las investigaciones, Aguirre Castro intentó justificar la legalidad de las ampolletas aseguradas durante el cateo, mostrando su cédula profesional de cirujano y anestesiólogo, así como correos enviados a COFEPRIS solicitando recetarios especiales con código de barras y código QR, aunque estos le fueron negados y él ocultó esta información. Además, se solicitó información al hospital donde afirmaba trabajar, pero se recibió una respuesta negativa.
En una entrevista, el médico negó cualquier práctica ilegal y explicó que la compra de los medicamentos formaba parte de sus actividades y necesidades profesionales, asegurando que contaba con un recetario para medicamentos controlados y todas las autorizaciones necesarias. Afirmó que se le despojó de su casa mediante procedimientos arbitrarios, violando incluso los derechos de sus hijas menores de edad.
En respuesta a estas actuaciones, su abogado, Antonio Juárez Navarro, denunció que el proceso legal está viciado, ya que no se ha definido la situación legal del médico ni se le ha vinculado formalmente a ningún proceso, mientras su domicilio ya ha sido incautado, obligando a sus hijas menores a mudarse. El abogado aseguró que se han interpuesto recursos de amparo y exhortó a las autoridades federales a conducirse en el marco del respeto a la ley y evitar más violaciones a los derechos humanos del acusado.
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MM/CR
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