Falsedades de López Obrador contra Centro ProDH son por señalamientos de impunidad, violencia y encubrimiento a militares, responde asociación

Claudia Bolaños

El Centro ProDH emitió uno un comunicado en el que contestó lo que calificó de “ falsedades y descalificaciones del Presidente de la República” en su contra, lo cual aseguró obedece al su señalamientos de impunidad violencia y encubrimiento a militares hasta la actualidad.

La asociación defensora de los Derechos Humanos además de injustas las acusaciones del mandatario, realizadas por más de 20 minutos en su conferencia desde Palacio Nacional y sin pruebas, en contra su labor de 35 años.

Señaló que en el caso de Ayotzinapa se ha puesto en el centro a las víctimas y a sus familias, y aseguró que su trabajo es partidista.

“El día de hoy, en la conferencia presidencial matutina, nuevamente se generó desinformación y se tergiversó la realidad sobre el caso Ayotzinapa y el papel del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)”.

Sobre la sentencia a la que alude el Presidente, recordamos que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dadas las irregularidades detectadas, instando a la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad.

“Precisamos que lo dicho en la conferencia es falso. Nuestra labor junto con otras organizaciones respetadas de la sociedad civil ha sido respetar los intereses y derechos de las familias, poniendo a las víctimas en el centroen el centro eso nos ha llevado a denunciar la existencia de la tortura en la investigación inicial que llevó a la verdad histórica que paradójicamente es la que hoy respalda el presidente con sus dichos”, señaló en un comunicado

Añadió que en la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica”: “1003. [...] no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”. También se afirma que: “1148. [...] la investigación precedente, que en general estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias (cuya legalidad, como se vio ha sido cuestionada por este Tribunal Colegiado), acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el Río San Juan”. Se afirma que: “1149. De esta manera al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

Dijo que en estos juicios de amparo en revisión, los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes, incluyendo al Centro Prodh, no se apersonaron ni promovieron en el mismo.

Los juicios fueron directamente iniciados por los acusados. Por lo tanto, es técnicamente imposible que haya ocurrido lo que hoy se afirmó.

Dado que en esencia dicho fallo corroboró las múltiples irregularidades de la investigación inicial, el Centro Prodh señaló en 2018 que: “viene a confirmar que la verdad en el caso Ayotzinapa no está dicha, que el paradero de las víctimas no está esclarecido y que el actual Gobierno federal incurrió en múltiples irregularidades durante la investigación”.

En un aserie de 10 puntos aclaratorios, aclaró que “el Centro Prodh ni ninguna otra de las organizaciones que representan a los padres y a las madres -el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz- promovimos ninguna "solicitud" para que fueran dejados libres, ni "representamos" legalmente a los acusados, ni estuvimos "detrás" de la sentencia, como se ha dicho en las conferencias presidenciales. Sugerir que incurrimos en prevaricato o conflicto de interés es falso.

“Por el contrario, siempre hemos defendido el derecho de los padres y de las madres a la justicia y a la verdad. Denunciar las falsedades de la llamada "verdad histórica" y también la existencia de tortura en el caso, es evidentemente parte de esa labor; máxime considerando que hemos pugnado siempre porque ninguna persona torturada sea juzgada en México con base en pruebas ilicitas: a eso obligan los derechos humanos”.

Puntualizó que es paradójico que hoy, al cuestionar las consecuencias procesales de que se haya establecido que existió tortura en el caso, se termine relativizando la gravedad de esta violación a derechos humanos y se acabe defendiendo, en los hechos, la investigación de la anterior administración.

Llama la atención también que aunque la sentencia es de 2018 -incluso antes de que se creara la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y se designara a quien fue su titular-, es hasta ahora al término del sexenio cuando se acude a este episodio para señalar al Centro Prodh, señaló.