El fiscal peruano José Domingo Pérez ha vuelto a solicitar una condena de 20 años y 6 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo, a quien acusa de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht. Este soborno habría sido a cambio de otorgar la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur, según la acusación.
Durante la presentación de su alegato final en el juicio oral, Pérez aseguró que "no queda duda" sobre la culpabilidad de Toledo en los delitos de colusión y lavado de activos. El fiscal subrayó que el expresidente habría admitido indirectamente su responsabilidad al reconocer que el fallecido empresario israelí, Josef Maiman, utilizó parte del soborno para pagar la hipoteca de su residencia en Lima.
En un momento tenso del juicio, Toledo interrumpió visiblemente molesto cuando el fiscal mencionó que había solicitado los 35 millones de dólares a Odebrecht. El exmandatario, en tono desafiante, exclamó: "¿A quién solicité yo?". Ante su comportamiento, los jueces le pidieron que mantuviera la calma, advirtiendo que de lo contrario sería retirado de la sala, ubicada en el penal donde Toledo cumple prisión preventiva desde 2023.
El fiscal Pérez también resaltó los testimonios de Maiman y del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, quienes aseguraron que Toledo pidió los pagos ilegales. Estos desembolsos habrían continuado incluso años después de finalizar su mandato presidencial.
Además de la condena, Pérez solicitó tres años de inhabilitación para Toledo y el pago de 242 días multa como sanción adicional.
En una audiencia previa, Toledo defendió que la reunión que mantuvo en 2004 con representantes de Odebrecht en Palacio de Gobierno fue organizada a petición de Pedro Pablo Kuczynski, quien en ese entonces era ministro de Economía y presidente del comité directivo de Proinversión. Según Toledo, Kuczynski consideró necesario que conociera a los responsables del proyecto de la carretera Interoceánica.
Toledo también recordó haber agradecido a Odebrecht en ese encuentro por incluir a empresas peruanas en el consorcio encargado de la obra. Sin embargo, negó rotundamente haber sostenido una reunión privada con Barata en 2005, como lo sugieren las acusaciones.
El testimonio de Barata es clave en el caso. El exdirectivo declaró que Toledo le exigió un pago de 31 millones de dólares para asegurar la concesión, dinero que habría sido transferido en partes hasta 2011 a cuentas de empresas vinculadas a Josef Maiman, una figura estrechamente relacionada con Toledo durante su gobierno.